Nicaragua avanza con reforma constitucional que excluye de elecciones a "traidores"
La reforma aprobada en primera legislatura impide optar a cargos públicos a quienes sean considerados "traidores a la patria". La enmienda también amplía de cinco a siete años el período presidencial y el de otros cargos de elección popular. La modificación deberá ser aprobada en una segunda legislatura para entrar en vigor y podría postergar las elecciones generales
La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por el oficialismo, aprobó este martes en primera legislatura una reforma constitucional que restringe la participación en elecciones y el acceso a cargos públicos de quienes sean considerados «traidores a la patria».
La modificación fue aprobada por unanimidad y a mano alzada durante una sesión especial celebrada en la ciudad de León. El nuevo texto establece que no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer funciones públicas quienes sean calificados bajo esa figura.
El término «traidores a la patria» ha sido utilizado por las autoridades nicaragüenses para referirse a opositores y críticos del Gobierno. Entre las personas desnacionalizadas bajo esa denominación figuran los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La reforma también establece restricciones para quienes hayan participado, financiado o mantenido algún tipo de vinculación con acciones relacionadas con intentos de golpe de Estado. Asimismo, incluye a quienes, según el texto, hayan realizado actos que «menoscaben» la independencia, soberanía, autodeterminación, seguridad o paz de Nicaragua.
También contempla a quienes promuevan la injerencia extranjera, soliciten intervención militar o respalden bloqueos económicos, comerciales o financieros y sanciones contra el Estado nicaragüense.
Las personas comprendidas en estas prohibiciones tampoco podrán integrar las juntas directivas de partidos u organizaciones políticas.
Mandato presidencial de siete años
La reforma constitucional plantea además ampliar a siete años el período de los cargos de elección popular, una modificación que alcanzaría a los copresidentes, diputados, alcaldes y otros funcionarios contemplados en el texto constitucional.
El cambio también tendría efectos sobre los períodos de magistrados judiciales y electorales, el fiscal general, el superintendente de bancos y los jefes del Ejército y la Policía.
La iniciativa fue impulsada por el copresidente Daniel Ortega, quien gobierna Nicaragua desde 2007 junto con su esposa, Rosario Murillo, desde que una reforma constitucional de 2025 estableció la figura de la copresidencia.
Ortega afirmó el pasado 19 de julio que en Nicaragua "no volverá a haber elecciones", según declaraciones citadas por EFE.
La reforma aún debe ser ratificada
La modificación constitucional fue aprobada en primera legislatura, por lo que todavía requiere una segunda aprobación en la próxima legislatura, correspondiente al período del 9 de enero al 15 de diciembre de 2027, para entrar en vigor.
Nicaragua tenía previstas elecciones generales para noviembre de 2026. Sin embargo, las reformas constitucionales que amplían el período de los cargos de elección popular trasladarían los comicios a noviembre de 2027.
La iniciativa avanza en un contexto de fuertes restricciones a la oposición y después de que el Gobierno nicaragüense haya aplicado medidas de desnacionalización contra cientos de opositores y críticos.