Nervis Villalobos impugna juicio por sobornos a Duro Felguera en España
El exviceministro de Energía de Venezuela, Nervis Villalobos, solicitó la nulidad del juicio contra exdirectivos de Duro Felguera, alegando prescripción y vulneración de derechos. La Fiscalía Anticorrupción les acusa de blanqueo de capitales y corrupción
Nervis Villalobos, exviceministro de Energía de Venezuela, ha solicitado la nulidad del juicio que se sigue en España contra antiguos directivos de la empresa Duro Felguera, acusados de pagar sobornos en el país. La petición se formalizó el lunes 19 de octubre en la Audiencia Nacional de Madrid, donde Villalobos adujo la prescripción del proceso y la vulneración de sus derechos fundamentales, especialmente en relación con el registro de su domicilio.
La defensa de Villalobos sostiene que el caso debería considerarse como ya juzgado en Venezuela, argumentando que las irregularidades en el procedimiento afectan la validez del juicio. Además, el exviceministro criticó la inclusión del delito de falsedad documental en la causa, que ya estaba avanzada en su desarrollo.
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado cargos de blanqueo de capitales, corrupción y falsedad documental contra los procesados, todos relacionados con actos cometidos en 2009. La acusación sostiene que estos delitos están vinculados a la mediación del entonces ministro venezolano de Energía Eléctrica, Rafael Ramírez, quien designó a Duro Felguera como adjudicataria para la construcción de una central termoeléctrica en Venezuela.
A cambio de la concesión, la empresa española se comprometió a realizar múltiples pagos a funcionarios venezolanos. Según la acusación, mediante sociedades interpuestas, el expresidente de Duro Felguera, Juna Carlos Torres Inclán, y el exconsejero delegado, Ángel Antonio del Valle, habrían acordado entregar un total de 105,6 millones de dólares a Villalobos, distribuidos en tres pagos: 53,9 millones, 25 millones y 26,6 millones.
En esta primera sesión del juicio, la Fiscalía también alcanzó un acuerdo con Luis Barrios, expresidente de la empresa venezolana Técnicas Reunidas, quien admitió su implicación en los hechos desde Estados Unidos a través de videoconferencia. Torres Inclán, por su parte, reconoció los cargos, aunque la pena solicitada inicialmente por el Ministerio Público, que era de nueve años y seis meses de prisión, fue rebajada a una multa de 4.800 euros.
El contexto en el que se desarrolla esta investigación es complejo. En Venezuela, el periodismo enfrenta un entorno hostil, marcado por leyes que restringen la libertad de expresión y castigan la divulgación de información. Este panorama ha convertido la labor informativa en un desafío constante.