Misión de expertos de la ONU exige a Miraflores respetar los Derechos Humanos y liberar presos políticos

En vísperas de la asunción presidencial de Nicolás Maduro el próximo 10 de enero, la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre Venezuela hizo un llamado a las autoridades del país para que respeten los derechos a la vida, la libertad y la seguridad personal de todos los venezolanos. Este pronunciamiento se produce tras la reelección de Maduro en los comicios de julio, cuyos resultados han sido impugnados por la oposición.
La Misión instó a las autoridades a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar el derecho de los ciudadanos a manifestarse y expresarse sin temor a represalias. Marta Valiñas, líder de la Misión, enfatizó que los cuerpos de seguridad deben actuar conforme a los más estrictos estándares internacionales en materia de uso de la fuerza y que todas las violaciones de derechos deben ser investigadas de manera pronta, exhaustiva e imparcial por tribunales independientes.
Francisco Cox, miembro de la Misión, puntualizó que entre agosto y diciembre de 2024, al menos 56 activistas de partidos opositores, diez periodistas y una defensora de derechos humanos fueron detenidos. A finales de diciembre del mismo año, el Ministerio Público informó que de las más de 2500 personas detenidas en el período postelectoral, 1369 fueron excarceladas tras la revisión de sus casos. Sin embargo, la Misión no ha podido verificar esta cifra y, de acuerdo con la ONG Foro Penal, 1849 personas continúan en prisión por motivos políticos y enfrentan condiciones de detención irregulares que afectan su salud y acceso a garantías procesales.
La Misión reitera su exigencia de libertad para todos los detenidos arbitrariamente, así como el respeto a las leyes venezolanas. Además, subrayaron la importancia de proporcionar una protección especial a los detenidos con problemas de salud y a los adultos mayores, y de considerar el interés superior de los niños en procesos penales.
Cox también mencionó que la persecución a opositores del gobierno ha pasado a ser un ataque sistemático contra la libertad de expresión. Las personas liberadas, incluidos niños, continúan enfrentando medidas cautelares y procesos judiciales por delitos graves.
La Misión tiene una atención especial en las violaciones de derechos humanos ocurridas tanto antes como después de la toma de posesión presidencial de Maduro, y se comprometió a investigar estos casos en el contexto de una política de Estado dirigida al silenciamiento de la oposición.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció esta Misión en septiembre de 2019, con el mandato de evaluar violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014. Su mandato fue prorrogado hasta octubre de 2026. En su última actualización, Volker Türk exigió la liberación de detenidos arbitrarios y la investigación de al menos 28 homicidios ocurridos tras las elecciones presidenciales.
Durante este período, las agencias de la ONU abogan por medidas que fomenten el acceso al mercado laboral formal, la educación y atención médica, ante un contexto donde el 82% de la población de la región trabaja en empleos informales.