La propuesta de Trump sobre enseñanza exclusiva en inglés en Head Start genera controversia en Puerto Rico
La iniciativa del gobierno estadounidense de enseñar exclusivamente en inglés en los centros Head Start de Puerto Rico ha desatado críticas entre padres y educadores, quienes advierten sobre el impacto cultural y logístico de este cambio en una isla donde el español predomina.
Alaisha Sandoval, de cuatro años, apenas conoce el inglés gracias a “Peppa Pig”, pero su futuro educativo podría estar en juego. El gobierno del presidente Donald Trump ha propuesto que los centros Head Start en Puerto Rico enseñen exclusivamente en inglés, una medida que contrasta con la práctica actual de incorporar los idiomas hablados en casa. Para el padre de Alaisha, Hansel Alejandro Sandoval, esta política abre nuevas oportunidades para su hija, pero no todos comparten su optimismo.
Con más de 700 centros de Head Start en la isla, la propuesta ha generado un intenso debate. Aunque el inglés y el español son los idiomas oficiales de Puerto Rico, la mayoría de sus 3,2 millones de habitantes no habla inglés con fluidez. Educadores y activistas advierten que esta decisión podría socavar la conexión de los niños con su cultura y su idioma nativo, además de imponer costos adicionales en un sistema educativo ya afectado por la escasez de recursos.
“Muchos maestros van a renunciar o retirarse”, advirtió Eddie Torres Vázquez, presidente de la Asociación de Amigos de Head Start de Puerto Rico, quien busca una exención para evitar que el programa sea solo en inglés. Actualmente, alrededor de 25.000 niños asisten a estos centros, que ofrecen educación preescolar gratuita y programas de apoyo. La mayoría de los centros adoptan un enfoque bilingüe, y Torres subraya que no se opone a la enseñanza del inglés, sino a que se imponga como único idioma formativo.
“Aprender un segundo idioma abre puertas”, dijo Torres, pero menos del 10% de los maestros de Head Start en la isla domina el inglés, lo que plantea serias dudas sobre la viabilidad de la propuesta. El gobierno sostiene que la instrucción en inglés se aplicaría solo a la formación, pero los críticos consideran que esta limitación es insuficiente.
La comunidad educativa se encuentra dividida. Monín Rodríguez, abuela de un niño de 2 años, expresó su entusiasmo por la idea, señalando que ella y sus hijos no tuvieron la oportunidad de aprender inglés. Sin embargo, otros como Zaida Cordero Huertas, presidenta de la Asociación de Padres de Head Start de Puerto Rico, enfatizan que esta medida sería “insultante” y podría comprometer la identidad cultural de los niños.
En todo Estados Unidos, Head Start atiende a aproximadamente 700.000 niños de familias de bajos ingresos, un tercio de los cuales habla un idioma distinto al inglés en casa. En Puerto Rico, el 99% de los niños inscritos proviene de hogares hispanohablantes. La propuesta de Trump forma parte de una reforma más amplia que busca reestructurar los estándares de Head Start.
La Casa Blanca planea emitir directrices definitivas tras revisar los comentarios del público, aunque el calendario sigue siendo incierto. Mientras tanto, el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) ha enfatizado que el requisito de enseñanza en inglés no afectará la comunicación con las familias en sus idiomas maternos.
Educadores como Desirée Vega González temen que el cambio afecte la capacidad de los niños para expresar sus emociones, algo crucial en su desarrollo. Las investigaciones sugieren que utilizar el idioma materno facilita el aprendizaje del inglés y permite a los niños explorar otros conceptos académicos.
El desafío logístico también es considerable. Melanie Hartzog, presidenta de The New York Foundling, advirtió que sería “casi imposible” reclutar personal bilingüe en comunidades rurales, especialmente cuando deben competir con industrias que ofrecen mejores salarios. “Culturalmente, el español es el idioma principal”, subrayó Hartzog.
La propuesta ha llevado a varios partidarios de Head Start a reunirse con la gobernadora y legisladores para expresar sus preocupaciones. Entre ellas, un nuevo límite a los gastos administrativos que el gobierno pretende reducir del 15% al 5% del costo total del programa. La incertidumbre sobre el futuro de la educación en Puerto Rico se cierne, mientras la comunidad busca respuestas y soluciones.