La oposición argentina se prepara para anular el decreto de Milei
Un decreto de desregulación económica firmado por Javier Milei en diciembre de 2023 podría ser anulado por la oposición en el Congreso. Las consecuencias de su caída afectarían distintos sectores, desde alquileres hasta comercio exterior.
La escena política argentina se agita nuevamente con la posible anulación del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei apenas diez días después de asumir el cargo. Este decreto, que sienta las bases de su plan de desregulación económica, fue rechazado por el Senado en marzo de 2024 y ahora enfrenta una nueva amenaza en la Cámara de Diputados, donde la oposición busca los votos necesarios para su derogación en una sesión convocada para el próximo jueves.
Con un total de 366 artículos, el DNU lleva el título 'Bases para la reconstrucción de la economía argentina' y propone la modificación o derogación de numerosas normas. Aunque fue rechazado por el Senado, muchas de sus disposiciones permanecen vigentes, ya que su anulación requiere el rechazo de ambas cámaras del Congreso argentino.
Algunas de las decisiones contenidas en el decreto fueron convalidadas por la aprobación en junio de 2024 de la ley de 'Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos', que también busca la desregulación económica y la reducción del peso del Estado. Sin embargo, otros aspectos del DNU han sido suspendidos por fallos judiciales tras demandas de colectivos afectados, como el capítulo laboral, que fue invalidado por la Justicia pero que finalmente se convirtió en ley en febrero pasado.
Entre las disposiciones más controvertidas se encuentra la derogación de la Ley de Tierras de 2011, que restringe la venta de tierras a extranjeros. Un fallo judicial había suspendido el artículo 154 del DNU hasta que la Corte Suprema lo convalidó el pasado 29 de septiembre, reavivando el debate y la iniciativa de la oposición para rechazar el DNU en su totalidad.
Si la oposición logra anular el decreto, algunas disposiciones seguirán vigentes gracias a leyes aprobadas posteriormente, como la reforma laboral y las privatizaciones de empresas estatales. Sin embargo, el impacto en otros sectores sería inminente. Según un informe de la firma Zentrix Consultora, las áreas más afectadas serían los alquileres, la salud privada y el comercio exterior.
El informe advierte que, mientras el Congreso no defina las nuevas reglas, hogares y empresas enfrentarían un vacío normativo que complicaría la firma de contratos de alquiler, la contratación de servicios de medicina privada y la planificación de exportaciones. Si el DNU cae, se restituirían regulaciones en diversas áreas, lo que podría generar un ambiente de incertidumbre.
“El mayor riesgo no radica en ninguna norma específica, sino en el vacío que se generaría entre una regla y otra”, sostiene la consultora. Sin una ley de transición clara, la resolución de conflictos quedaría a merced de los jueces, lo que podría traducirse en decisiones postergadas y un aumento en los litigios.