La movilización indígena en Cauca desafía al gobierno de De la Espriella
Entre el 11 y el 14 de octubre, el Consejo Regional Indígena del Cauca se prepara para una cumbre crucial, mientras el presidente De la Espriella advierte sobre bloqueos y revisa recursos asignados. La tensión política se intensifica ante un posible choque de intereses.
La confrontación entre el Gobierno de Abelardo de la Espriella y el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha alcanzado un punto crítico. A medida que las comunidades indígenas se preparan para una reunión en Caldono, el presidente ha dejado claro que no tolerará bloqueos y ha ordenado una revisión de $1,13 billones que el Estado afirma haber entregado en acuerdos previos con la organización.
La movilización, programada del 11 al 14 de octubre, se presenta como una cumbre de pueblos indígenas y organizaciones sociales enfocada en discutir la autonomía, los derechos colectivos y el manejo de sus territorios. Sin embargo, el consejero del CRIC, Édgar Fernández, ha rechazado las acusaciones de que el propósito de la cumbre sea bloquear carreteras o presionar al Gobierno. Calificó las declaraciones del presidente como intimidatorias.
Este choque se suma a las tensiones anteriores relacionadas con las Emisoras de Paz. En agosto, el CRIC se opuso a la suspensión de la programación de 20 estaciones radiales, una decisión que, según ellos, socava la información comunitaria en regiones afectadas por el conflicto.
El 6 de octubre, tras un consejo de ministros, De la Espriella se refirió a la convocatoria indígena, afirmando que su Gobierno respeta el derecho a la protesta pacífica, pero no cederá ante presiones, amenazas o bloqueos. Asimismo, anunció que se revisarán los contratos y convenios relacionados con los fondos asignados al CRIC, aunque este anuncio no implica necesariamente que haya irregularidades en su manejo.
Las diferencias entre el Gobierno y el CRIC se centran en la interpretación de la movilización. Para el Ejecutivo, la protesta no debe ser utilizada como herramienta de presión, mientras que para el CRIC, la reunión se enmarca dentro de una agenda social y territorial legítima.
La evolución de las actividades durante este fin de semana será crucial para determinar si la movilización se desarrolla sin bloqueos y si se abre un espacio para el diálogo. La cifra de recursos bajo revisión tiene un antecedente: en noviembre de 2022, durante el gobierno de Gustavo Petro, el CRIC anunció un acuerdo que contemplaba $1,3 billones para el desarrollo de sistemas propios y el acceso a tierras.
Cauca, un territorio marcado por disputas históricas por la tierra y la presencia de grupos armados, ha visto al CRIC convertirse en un actor clave en la política nacional. Fundado en 1971, ha liderado demandas de recuperación territorial y autonomía de los pueblos originarios. Sin embargo, la violencia sigue afectando a estas comunidades; el CRIC reportó que al menos 606 niños, niñas y adolescentes fueron reclutados forzosamente en los últimos tres años.
La relación entre el CRIC y el Gobierno de Petro había tenido momentos de concertación en temas de tierras, educación y salud, aunque el cumplimiento de acuerdos previos sigue siendo un punto de conflicto. La revisión de recursos anunciada por De la Espriella añade una nueva capa de tensión a esta relación.
Con la movilización indígena a la vista, el pulso entre el Gobierno y el CRIC pasará de las palabras a los hechos. Este evento no solo pondrá a prueba las garantías para la protesta pacífica, sino que también abrirá un nuevo capítulo en la relación entre el Ejecutivo y una de las organizaciones indígenas más influyentes del país.