La Corte Suprema permite deportaciones rápidas a terceros países
La decisión de la Corte Suprema de EE. UU. favorece al gobierno de Trump en su política de deportaciones rápidas, desatando críticas de organizaciones defensoras de migrantes. La legalidad de esta estrategia será revisada en diciembre.
Un grupo de migrantes indocumentados fue deportado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en McAllen, Texas, mientras la Corte Suprema de Estados Unidos permitía que la administración de Donald Trump continúe, por el momento, con las deportaciones rápidas a países que no son su lugar de origen, incluso si no tienen vínculos con esas naciones.
Con una votación de 6 a 3, la corte suspendió temporalmente una orden de un tribunal inferior que obligaba al gobierno a ofrecer a los migrantes la posibilidad de presentar objeciones antes de ser trasladados a un tercer país. La Corte revisará la legalidad de esta política en diciembre, lo que añade un elemento de incertidumbre a un proceso ya controversial.
La administración Trump argumentó que la resolución judicial afectaba sus operaciones de deportación, incluso provocando la cancelación de un vuelo con aproximadamente 70 migrantes que debían ser enviados a tres países. Esta situación pone de relieve las tensiones entre el gobierno y las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, que cuestionan la ética de trasladar a personas a naciones donde no tienen vínculos y sin una oportunidad efectiva para plantear riesgos de persecución o tortura.
La Corte ya había intervenido anteriormente en disputas relacionadas con las deportaciones a terceros países, permitiendo que los vuelos continuaran mientras se resolvía el litigio. En diciembre, los magistrados deberán determinar la legalidad de la política de deportaciones y si los tribunales inferiores tenían la autoridad para imponer un bloqueo general a su aplicación.
El gobierno ha utilizado acuerdos con varios países para trasladar a personas con órdenes finales de deportación cuando sus países de origen no pueden o no quieren recibirlas. Según datos de la agencia de noticias, alrededor de 25,000 personas han sido enviadas a más de dos docenas de países, siendo México el principal destino.
La administración sostiene que estos acuerdos son imprescindibles para ejecutar las deportaciones, asegurando que los países receptores garantizan que los migrantes no serán perseguidos ni sometidos a torturas. Sin embargo, abogados de los migrantes han denunciado casos de deportados encarcelados en naciones desconocidas y han advertido sobre riesgos de persecución o tortura que enfrentan algunos, incluso aquellos sin antecedentes penales.
La situación se complica aún más con el creciente descontento entre los hispanos que apoyaron a Trump, quienes sienten que sus intereses están siendo ignorados en su administración.