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La Corte Suprema argentina decide este martes si Cristina Kirchner será encarcelada

La Corte es la última instancia de revisión y se ocupa en casos como éstos, en velar por el debido proceso del caso, que no haya habido ninguna violación a las garantías constitucionales. Los hechos juzgados refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta"

La expresidenta de Argentina, Cristina Kirchner encabezó una reunión en la sede del PJ en medio de la expectativa por la decisión de la Corte Suprema en la causa Vialidad. De confirmarse este fallo, será condenada a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, citó a sus colegas una reunión a las 16 de este martes para tratar la Causa Vialidad. En horas de la tarde los ministros de la Corte resolvieron votar de forma electrónica, lo que deja de lado el encuentro de las 4:00 p.m.

Los primeros en emitir sus votos fueron el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti y su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz. Luego lo hizo Ricardo Lorenzetti. Todo fue remitido a la Secretaría Penal responsable de compaginar el fallo.

El máximo tribunal tiene, al menos, dos instancias de resolución sobre el caso Vialidad. En primer término, puede rechazar los recursos de queja que ingresaron el 13 de febrero ante el máximo tribunal.

Se trata de nueve recursos que tienen como principal objetivo, anular el criterio impuesto por la Sala IV de la Cámara de Casación que en noviembre del año pasado confirmó la sentencia de juicio.

En caso de que este sea el camino adoptado, inmediatamente el fallo condenatorio adquiere firmeza y será de cumplimiento efectivo.

El lunes por la mañana, poco antes de las 10, a cada una de las vocalías de los ministros de la Corte ingresó un informe de la Secretaría: un detalle de los nueve recursos, las quejas centrales, las arbitrariedades que las defensas denuncian.

Junto con ese análisis, los informes también contienen una sugerencia respecto a cómo deberían resolverse las quejas. Eso se encuentra bajo estricta reserva de los ministros de la Corte.

La semana pasada, los ministros del máximo tribunal, rechazaron la recusación pedida por el abogado de Cristina Kirchner, contra Ricardo Lorenzetti.

En cambio, en caso de que los ministros decidan abrir las quejas presentadas por los acusados, todo se retrasará aún más, ya que deben ser analizados los planteos de las defensas.

La Corte es la última instancia de revisión y se ocupa en casos como éstos, en velar por el debido proceso del caso, que no haya habido ninguna violación a las garantías constitucionales.

Por ese motivo, el máximo tribunal no es quien condena: Cristina Kirchner ya fue condenada por un tribunal de juicio integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y esa sentencia fue confirmada por la instancia superior penal que es la Cámara de Casación.

Los recursos de queja llegaron ante el máximo tribunal después de que la Sala IV de la Cámara de Casación rechazó las apelaciones a su fallo central: el que confirmó la sentencia condenatoria.

El máximo tribunal penal entiende que habilitar esas apelaciones corresponde en casos extraordinarios. Por ese motivo, las defensas acudieron en queja ante la Corte, que es la última instancia de revisión y que no se aboca a resolver el fondo del caso cuando hay una sentencia confirmada.

Los hechos juzgados refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Se pudo comprobar que durante ese período las obras viales licitadas en esa provincia “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

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