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La Cámara de Representantes investiga la presencia militar estadounidense en Colombia

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes incorpora quejas contra el presidente Abelardo de la Espriella por la supuesta llegada de tropas y aeronaves de EE. UU. a Colombia. La denuncia busca esclarecer competencias y autorizaciones en materia de seguridad nacional.

La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes ha decidido incorporar al Expediente 7686 las denuncias presentadas contra el presidente Abelardo de la Espriella, centradas en la presunta presencia y actividad de personal militar estadounidense en Colombia. Esta situación se enmarca dentro de la reciente adhesión del país a la coalición del Escudo de las Américas.

En una respuesta dirigida al abogado Wálter Aguirre Mazo, a la que tuvo acceso Infobae Colombia, la comisión encargada de investigar al mandatario precisó que los documentos y anexos relacionados con la queja serán añadidos a las actuaciones pertinentes. “Una vez se efectúe el respectivo reparto y se asigne un Representante-Investigador, se le informará lo pertinente”, se indicó.

El objetivo de esta investigación es determinar si se han cumplido los requisitos constitucionales necesarios en materia de seguridad. Según Aguirre Mazo, quien presentó su queja el 15 de agosto, el ingreso de tropas y aeronaves de Estados Unidos a Colombia requería la autorización de órganos locales como el Senado de la República y el Consejo de Estado.

El expediente también se enfoca en registros oficiales del 27 de agosto en Tumaco, donde, según el abogado, se documentó la presencia de helicópteros UH-1Y Venom del U.S. Marine Corps y altos mandos estadounidenses durante una inspección operativa. Aguirre Mazo argumentó que las fichas publicadas por Dvids, la plataforma oficial de difusión de las Fuerzas Armadas de EE. UU., identificaron un helicóptero UH-1Y Venom en esas actividades.

La documentación también incluye imágenes de un jefe de tripulación estadounidense junto al mayor general Kevin Jarrard, y del general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de EE. UU., en Tumaco. Según Aguirre Mazo, estos registros constituyen evidencia oficial de la presencia de fuerzas estadounidenses en una zona considerada sensible para la seguridad nacional.

El Ministerio de Defensa había informado el 12 de agosto sobre la incorporación de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), así como la firma de un acuerdo bilateral con Estados Unidos para fortalecer la cooperación en seguridad. Un día después, el Departamento de Guerra de EE. UU. confirmó la reunión bilateral y la firma de un documento que regula el acceso y sobrevuelo del territorio colombiano.

Entre el 26 y el 28 de agosto, Donovan realizó una visita oficial a Colombia, donde se reunieron autoridades estadounidenses y colombianas con fuerzas de élite para afinar estrategias operacionales contra redes criminales. La documentación de Aguirre Mazo vincula estas reuniones con la actividad de reconocimiento en Tumaco, solicitando que se aclare el alcance jurídico de tales operaciones.

La controversia se fundamenta en el artículo 173 de la Constitución Política, que otorga al Senado la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras. Sin embargo, durante el 27 de agosto, el Congreso estaba en período ordinario de sesiones, lo que sugiere que la excepción presidencial para autorizar dicho tránsito no sería aplicable en este caso. Aguirre Mazo aclara que la conclusión final debe ser determinada por la Comisión de Acusaciones tras evaluar la evidencia presentada.

El Consejo de Estado ha manifestado que tiene competencia para emitir un concepto previo sobre el tránsito de tropas extranjeras. Sin embargo, Aguirre Mazo indicó que no existió solicitud alguna del Ejecutivo colombiano al alto tribunal sobre la coalición A3C, ni entre el 7 de agosto y el 7 de septiembre se hicieron peticiones relacionadas con el ingreso de tropas estadounidenses.

El expediente también solicita una certificación del Senado sobre solicitudes, debates o autorizaciones relacionadas con la A3C y los eventos en Tumaco. Además, se busca requerir a la Presidencia y otras entidades los acuerdos y memorandos que respaldaron la actividad estadounidense. Aguirre Mazo cuestiona la legalidad de la llegada del personal y las aeronaves estadounidenses a Tumaco, así como la naturaleza de la inspección realizada.

Por último, el abogado señala una contradicción en la información oficial, ya que mientras el Ministerio de Defensa aseguró que no había militares extranjeros en Colombia, las publicaciones de Dvids contradicen esta afirmación al documentar la presencia de personal y aeronaves militares estadounidenses en Tumaco.

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