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Justicia argentina emite orden de captura contra Daniel Ortega

La orden de declaración indagatoria y la captura internacional aplica para el gobernante y su esposa, Rosario Murillo. Se les acusa de ejecutar asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados

Argentina suma una orden de captura contra otro mandatario latinoamericano, esta vez, contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusándolo de violaciones a derechos humanos en su país.

Así lo dictaminó el juez federal argentino Ariel Lijo, quien ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del gobernante y su esposa, Rosario Murillo. La medida también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.

La denuncia, liderada por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, se presentó originalmente el 26 de agosto de 2022, reseñó Infobae.

Según el expediente, Ortega, Murillo y otros funcionarios de su gobierno están acusados de crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.

Richarte calificó la resolución judicial como un “hecho histórico” y destacó que “marca un antes y un después en materia de justicia universal”. Según el abogado, el caso fue construido durante más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales.

“Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, afirmó.

La denuncia inicial documentó violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, incluyendo la represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de grupos vulnerables.

Posteriormente, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones de la demanda.

Según Richarte, el fallo “busca aislar a los mandatarios autoritarios y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”.

La causa sigue abierta, y los denunciantes esperan que el fallo contribuya a avanzar hacia la justicia para las víctimas y a la restauración de la democracia en Nicaragua.

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