Justicia argentina emite orden de captura contra Daniel Ortega

Argentina suma una orden de captura contra otro mandatario latinoamericano, esta vez, contra el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, acusándolo de violaciones a derechos humanos en su país.
Así lo dictaminó el juez federal argentino Ariel Lijo, quien ordenó la declaración indagatoria y la captura internacional del gobernante y su esposa, Rosario Murillo. La medida también alcanza a otros altos funcionarios del régimen nicaragüense, en el marco de una causa presentada en Argentina bajo el principio de jurisdicción universal.
La denuncia, liderada por el abogado Darío Richarte y un equipo de profesores y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, se presentó originalmente el 26 de agosto de 2022, reseñó Infobae.
Según el expediente, Ortega, Murillo y otros funcionarios de su gobierno están acusados de crímenes de lesa humanidad, que incluyen asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y desplazamientos forzados.
Richarte calificó la resolución judicial como un “hecho histórico” y destacó que “marca un antes y un después en materia de justicia universal”. Según el abogado, el caso fue construido durante más de dos años con testimonios de víctimas, documentos y pruebas recopiladas en colaboración con organismos internacionales.
“Este fallo no es el final, pero sí un paso crucial para visibilizar la situación en Nicaragua y avanzar hacia la justicia para las víctimas”, afirmó.
La denuncia inicial documentó violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas bajo el régimen de Ortega y Murillo desde abril de 2018, incluyendo la represión de manifestaciones civiles, el encarcelamiento de opositores políticos y la persecución de grupos vulnerables.
Posteriormente, entre noviembre de 2022 y febrero de 2024, el equipo denunciante presentó siete ampliaciones de la demanda.
Según Richarte, el fallo “busca aislar a los mandatarios autoritarios y comprometer a la comunidad internacional, especialmente a los países de América, en la defensa de la democracia”.
La causa sigue abierta, y los denunciantes esperan que el fallo contribuya a avanzar hacia la justicia para las víctimas y a la restauración de la democracia en Nicaragua.