Julieta Ramírez evade preguntas sobre vínculos con el Cártel de Sinaloa
La coordinadora de Morena en Baja California y aspirante a la gubernatura en 2027, Julieta Ramírez, no respondió a los cuestionamientos sobre la relación de su entorno político con el Cártel de Sinaloa. Las sanciones del Departamento del Tesoro de EE.UU. reavivan la controversia.
Julieta Ramírez Padilla, coordinadora de Morena en Baja California y aspirante a la gubernatura en 2027, se encontró en el centro de una tormenta mediática al evitar responder a los periodistas sobre los supuestos vínculos de personas cercanas a su proyecto político con el Cártel de Sinaloa. Este episodio se produce tras el anuncio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre sanciones a individuos involucrados en una red que facilitó operaciones de narcotráfico mediante sobornos y poder político.
Entre los señalados destaca Rafael Buenrostro Martín, un empresario y exfuncionario, quien ha sido identificado por reportes periodísticos como un promotor del proyecto político de Ramírez. La controversia se intensificó tras su presencia en un acto el 15 de septiembre, donde Morena presentó a Ramírez como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.
Según una publicación de Reforma, Buenrostro no solo estuvo presente, sino que también habría organizado actividades durante el evento, lo que lo vincula aún más con la campaña de Ramírez. Sin embargo, los reportes no indican que ella haya estado involucrada en actividades ilícitas atribuidas a él.
La aspirante a la gubernatura ya había enfrentado cuestionamientos en septiembre, cuando el medio N+ Focus reveló una supuesta investigación estadounidense en su contra, sugiriendo que habría suscrito un proffer agreement, un mecanismo que permite a los acusados colaborar con fiscales. Ramírez descalificó esta información como un “mitote” y puso en duda su veracidad.
Buenrostro, un exfuncionario de Mexicali, fue sancionado el 29 de septiembre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que lo vincula estrechamente con el cártel. Según el Tesoro, Buenrostro proporcionó favores e influencia política a José Ángel Rivera Zazueta, un señalado operador del cártel, a cambio de sobornos. Junto a él, también fueron sancionados otros exfuncionarios, incluyendo a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, acusado de recibir pagos para permitir la influencia del grupo criminal sobre la Policía Municipal.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes y restricciones financieras, aunque no constituyen una sentencia penal. Mientras tanto, el 15 de septiembre, Ramírez fue designada como coordinadora de la defensa de la transformación en Baja California, un paso que la posiciona como candidata para la gobernatura en 2027. Su nombramiento, anunciado por líderes nacionales de Morena, generó descontento entre otros aspirantes, como Evangelina Moreno Guerra, quien impugnó la decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
A pesar de los cuestionamientos y las sanciones que pesan sobre su entorno, Ramírez ha apelado a la unidad y al diálogo con el pueblo, afirmando: “A quien nos debemos es al pueblo, a la gente es a quien debemos dar respuesta y resultado”. Sin embargo, esta retórica se ve empañada por la falta de claridad en torno a los vínculos de su campaña con figuras señaladas por el narcotráfico.