Jueza federal frena cancelación del “parole” de reunificación familiar
El beneficio autoriza a determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a ingresar de manera temporal al país mientras esperan una visa de inmigrante, un trámite que en muchos casos se prolonga durante años. Durante ese periodo, los beneficiarios pueden trabajar legalmente, inscribir a sus hijos en escuelas y establecerse de forma provisional mientras completan su proceso migratorio
Una jueza federal bloqueó de forma temporal la decisión de la Administración de Donald Trump de poner fin a un programa migratorio que ha permitido a miles de familias reunirse legalmente en Estados Unidos mientras aguardan la aprobación de sus visas. El fallo concede un alivio inmediato a más de 10.000 personas, entre ellas numerosos niños, que estaban a punto de perder su estatus legal y enfrentar una posible separación familiar.
La jueza de distrito Indira Talwani, con sede en Boston, dictó una orden de restricción temporal por 14 días que suspende la cancelación del programa de parole de reunificación familiar (FRP, por sus siglas en inglés). La medida, vigente hasta el 24 de enero, podría extenderse a medida que avance el proceso judicial. Con ello, queda en pausa una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que habría revocado el estatus legal de beneficiarios provenientes de Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, reporta El País.
El FRP autoriza a determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales a ingresar de manera temporal al país mientras esperan una visa de inmigrante, un trámite que en muchos casos se prolonga durante años. Durante ese periodo, los beneficiarios pueden trabajar legalmente, inscribir a sus hijos en escuelas y establecerse de forma provisional mientras completan su proceso migratorio.
En diciembre, el DHS anunció la eliminación del programa al alegar preocupaciones de seguridad nacional y fallas en los mecanismos de verificación. Según la agencia, el uso del FRP se habría apartado de su objetivo original y los recursos destinados a su mantenimiento debían ser reasignados a otras prioridades migratorias.
La decisión fue impugnada casi de inmediato por organizaciones defensoras de inmigrantes y por personas directamente afectadas. El 29 de diciembre, Justice Action Center y Human Rights First introdujeron una demanda en nombre de familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, argumentando que el Gobierno no respetó los requisitos básicos del debido proceso al cancelar el programa.
Talwani centró parte de su razonamiento en la falta de una notificación individual adecuada. Aunque el DHS sostuvo que la publicación de la decisión en el Registro Federal cumplía con el deber de informar, la jueza descartó ese argumento y señaló que no existían pruebas suficientes de que los beneficiarios hubieran recibido avisos personalizados por correo, correo electrónico o a través de sus cuentas en el sistema migratorio.
Estamos hablando de personas que han intentado seguir la ley”, afirmó la magistrada en su resolución, en la que también advirtió que la eliminación del programa podría causar un daño irreparable a quienes ya habían construido empleos, hogares y lazos familiares en Estados Unidos.
El litigio se inscribe en una estrategia más amplia de la Administración Trump para desmantelar programas migratorios creados o ampliados durante el Gobierno de Joe Biden. En los últimos meses, tribunales federales han intervenido en varias ocasiones para frenar medidas similares, aunque el Tribunal Supremo ha permitido de manera provisional la eliminación de ciertas protecciones temporales para cientos de miles de migrantes.
Para los demandantes, la orden judicial supone un alivio inmediato, aunque limitado en el tiempo. Karen Tumlin, directora del Justice Action Center, destacó que la decisión evita, por ahora, separaciones familiares abruptas. Abogados de migrantes han señalado que muchos beneficiarios del FRP están a pocas semanas o meses de completar el proceso para obtener la residencia permanente.
El Gobierno, entretanto, mantiene que tiene la facultad legal de poner fin al programa en cualquier momento. Funcionarios del DHS reiteraron que el parole migratorio no confiere un estatus permanente y que puede ser revocado a discreción de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.