Juez de EE.UU. frena multas a inmigrantes de hasta 1,8 millones de dólares
Un juez federal bloqueó la normativa que permitía imponer sanciones económicas a inmigrantes en situación irregular. Esta decisión es un alivio para miles que enfrentan deudas exorbitantes mientras buscan regularizar su estatus.
En un giro inesperado para miles de inmigrantes en Estados Unidos, el juez de distrito George O'Toole Jr., de Massachusetts, ha decidido bloquear la aplicación de multas que podían alcanzar hasta 998 dólares diarios para aquellos que permanecen en el país a pesar de órdenes de salida. Las sanciones, que han llevado a algunos a acumular deudas de hasta 1,8 millones de dólares, son ahora objeto de un litigio que podría cambiar el rumbo de la política migratoria del país.
La decisión del juez, emitida en un comunicado, implica que el Gobierno no podrá hacer cumplir estas multas mientras el caso se encuentra en curso. La Legal Aid Society, que representa a los demandantes, celebró la medida, señalando que "esto significa que el Gobierno no puede hacer cumplir estas multas mientras el caso sigue su curso". O'Toole ha indicado que los demandantes tienen una probabilidad considerable de demostrar que la normativa es ilegal.
El juez cuestionó la falta de consideración del Gobierno hacia las circunstancias individuales de los afectados y advirtió que el cobro de estas multas podría llevar a muchos a la insolvencia. La demanda, presentada en noviembre de 2025, impugna una política que ha afectado a más de 100.000 personas y ha generado multas por un total de 84.000 millones de dólares desde que Trump asumió nuevamente la presidencia en enero de ese año.
Las cifras son alarmantes. Según la Legal Aid Society, las multas se han impuesto incluso a aquellos que solicitan legalmente algún tipo de alivio migratorio, como el ajuste de estatus, o que cumplen con las órdenes de supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Entre los demandantes, se encuentran Maria L. de Massachusetts y Nancy M. de Florida, quienes enfrentaron sanciones desproporcionadas a pesar de mantener contacto con las autoridades migratorias y seguir los procedimientos legales establecidos.
Una de ellas logró posteriormente obtener una visa de inmigrante, siendo admitida como residente permanente legal. Este caso pone de relieve la complejidad de la situación de muchos inmigrantes que, a pesar de sus esfuerzos por regularizar su estatus, se ven amenazados por un sistema que parece no tener en cuenta su realidad.
Desde el inicio de 2025, la Administración Trump había reactivado una disposición de la ley de inmigración que permite imponer multas civiles a inmigrantes que no abandonan el país tras recibir una orden de remoción. En junio de ese mismo año, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia modificaron el procedimiento para imponer y recurrir estas sanciones, lo que generó aún más controversia.
"Este fallo representa una victoria crucial para las familias inmigrantes que fueron amenazadas ilegalmente con la ruina financiera", concluyó la Legal Aid Society, subrayando la importancia de esta decisión en la lucha por los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos.