JEP imputa crímenes de guerra y lesa humanidad a 27 antiguos mandos de las FARC
La justicia transicional colombiana atribuyó a los exmandos desapariciones, masacres, homicidios, torturas y violencia sexual. Entre los imputados figuran cuatro antiguos integrantes del Secretariado de las FARC. La JEP calificó la decisión como una de las investigaciones judiciales más completas sobre la antigua guerrilla
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó este martes crímenes de guerra y de lesa humanidad a 27 antiguos mandos de las FARC por su presunta responsabilidad como máximos responsables de graves delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano.
La decisión atribuye a los exintegrantes de la antigua guerrilla responsabilidad por hechos que incluyen desapariciones forzadas, masacres, homicidios, torturas y violencia sexual, entre otros crímenes cometidos durante décadas de confrontación armada.
Entre los 27 comparecientes se encuentran cuatro antiguos integrantes del último Secretariado de las FARC: Rodrigo Londoño, conocido durante su permanencia en la guerrilla como “Timochenko” y actual presidente del partido Comunes; Julián Gallo, alias “Carlos Antonio Lozada”; Jaime Alberto Parra, conocido como “Mauricio Jaramillo” o “El Médico”, y Milton de Jesús Toncel, alias “Joaquín Gómez”.
La JEP señaló que la imputación representa un avance en la determinación de responsabilidades por los crímenes cometidos por integrantes de los bloques Oriental y Sur de las antiguas FARC, considerados entre las principales estructuras de esa organización durante el conflicto.
Esta decisión es trascendental, es la radiografía judicial más completa y profunda que se ha realizado en Colombia en relación con los dos bloques más grandes de las antiguas FARC, el Bloque Oriental y el Bloque Sur”, afirmó el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, durante una rueda de prensa.
La imputación forma parte del proceso de justicia transicional creado tras el acuerdo de paz firmado entre el Estado colombiano y las FARC en 2016, mediante el cual se busca esclarecer los crímenes cometidos durante el conflicto, determinar responsabilidades y garantizar los derechos de las víctimas.
La decisión de la JEP abre una nueva etapa procesal para los antiguos mandos señalados por su participación o responsabilidad en los hechos investigados.