ICE presiona a arrendadores de viviendas para entregar información privada de inquilinos migrantes
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) ha activado una nueva táctica para reforzar las deportaciones masivas en Estados Unidos: solicitar directamente a propietarios y arrendadores información privada de sus inquilinos migrantes, según reveló un reporte exclusivo de The Associated Press.
Entre los datos que las autoridades migratorias exigen figuran contratos de alquiler, formularios de solicitud, copias de identificaciones, direcciones de reenvío e incluso detalles sobre otras personas que comparten la vivienda con el arrendatario.
Eric Teusink, abogado especializado en temas inmobiliarios en Atlanta, confirmó a AP que varios de sus clientes han recibido recientemente estas solicitudes, lo que ha generado preocupación. “Una simple solicitud de alquiler puede contener información sensible como historial laboral, estado civil y vínculos familiares”, explicó, lo que alimenta temores sobre la amplitud del rastreo que busca ICE.
La agencia tuvo acceso a algunos de estos documentos, incluyendo uno fechado el pasado 1 de mayo, expedido por la unidad antifraude de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (Uscis). Aunque carecen de la firma de un juez, las cartas advierten sobre posibles sanciones legales, incluido el desacato, para quienes no colaboren.
Según expertos legales consultados por AP, esta nueva estrategia podría chocar con protecciones legales vigentes. Abogados defensores de derechos civiles advierten que sin una orden judicial, estos requerimientos no tienen la misma fuerza legal y, en algunos casos, podrían vulnerar la Ley de Vivienda Justa, que prohíbe la discriminación por origen nacional.
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un endurecimiento de la política migratoria. Entre los cambios está la eliminación de beneficios como el uso de direcciones para solicitudes de ingreso sin visa, permitidos durante la administración Biden.
Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió la legalidad de estos requerimientos y sugirió que ignorarlos podría acarrear consecuencias. No obstante, evitó confirmar si estas solicitudes se están utilizando de manera generalizada.
Abogados de inquilinos y administradores de propiedades, sin embargo, han recomendado ignorar los pedidos si no cuentan con el respaldo de una orden judicial. “Parece más una cacería de información sin rumbo”, expresó Teusink tras revisar los documentos.
Anthony Luna, director de la empresa Coastline Equity, que administra más de 1.000 unidades residenciales en Los Ángeles, también expresó inquietud: “Muchos colegas están preocupados, pero la mayoría no piensa entregar información”. Cuestionó además la legitimidad de este enfoque: “Si están buscando criminales, ¿por qué no lo hacen mediante documentos judiciales? ¿Qué sentido tiene rastrear archivos privados de proveedores de vivienda?”.
Por ahora, la medida despierta más dudas que certezas y podría enfrentar resistencia tanto en los tribunales como en el sector inmobiliario.
