ICE abandona plan para convertir siete almacenes en centros de detención de inmigrantes
La agencia dejará de utilizar siete de los once almacenes adquiridos para ampliar la capacidad de detención de migrantes. El cambio de estrategia responde a los altos costos, desafíos legales y oposición de comunidades y autoridades locales. El proyecto formaba parte del plan de deportaciones masivas impulsado durante el Gobierno de Donald Trump
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, a través del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), decidió abandonar parte de su plan para ampliar la red de centros de detención de inmigrantes y pondrá a la venta o transferirá siete de los once almacenes adquiridos con ese propósito.
Según informó The New York Times, la agencia había invertido cerca de 1.000 millones de dólares en la compra de estos inmuebles, de los cuales unos 700 millones correspondieron a los siete almacenes que finalmente no serán utilizados como centros de detención.
La iniciativa formaba parte de la política migratoria impulsada durante la administración del presidente Donald Trump, bajo la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, con el objetivo de fortalecer la capacidad para ejecutar deportaciones masivas.
No obstante, el actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, ha expresado una postura más cautelosa sobre la estrategia y ha señalado que la aplicación de las medidas migratorias debe realizarse de forma más discreta y eficiente.
El diario estadounidense indicó que el proyecto enfrentó múltiples obstáculos, entre ellos el elevado costo de adecuar las instalaciones, la complejidad administrativa para ampliar el sistema de detención y diversas demandas judiciales relacionadas con el impacto ambiental de las obras.
Además, comunidades locales, organizaciones civiles y autoridades estatales manifestaron su rechazo a la construcción de estos centros por considerar que afectarían la seguridad, los servicios públicos y la economía de las zonas donde serían instalados.
Uno de los proyectos cancelados corresponde al almacén ubicado en Roxbury, Nueva Jersey, cuya gobernadora, Mikie Sherrill, celebró la decisión al asegurar que el inmueble no reunía las condiciones para albergar a miles de personas y que su uso como centro de detención era incompatible con la normativa local.
El plan original contemplaba la creación de una red de 24 nuevos centros de detención para inmigrantes; sin embargo, la combinación de elevados costos, oposición política y ciudadana, así como los procesos judiciales en curso, llevó a las autoridades federales a replantear la iniciativa y reducir significativamente su alcance.