Hermano de Pedro Sánchez es condenado a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa
La Audiencia de Badajoz condenó este martes a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación para ejercer empleo público tras hallarlo responsable, como cooperador necesario, de un delito de prevaricación administrativa.
La sentencia absolvió a Sánchez y a otros diez acusados del delito de tráfico de influencias, uno de los cargos que se investigaban en la causa relacionada con su contratación en la Diputación de Badajoz y la posterior modificación de la denominación de su puesto de trabajo.
El tribunal determinó que el cambio de nombre del cargo que ocupaba Sánchez, inicialmente como coordinador de los conservatorios de Badajoz y posteriormente como jefe de la Oficina de Artes Escénicas, supuso una modificación sustancial del puesto y una adaptación vinculada a sus intereses personales.
En el mismo proceso, el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recibió una condena de 18 años de inhabilitación por prevaricación administrativa relacionada con la contratación de David Sánchez y de Luis Carrero, amigo del hermano del mandatario español.
La investigación judicial comenzó en 2024 tras una denuncia presentada por la organización Manos Limpias, que cuestionó el procedimiento de contratación. Durante la instrucción se analizaron presuntas irregularidades en la creación y modificación del puesto ocupado por Sánchez.
La defensa del hermano del presidente sostuvo que él encontró la oferta laboral por internet y que no tuvo participación en la creación ni adjudicación de la plaza.
Tras conocerse la decisión judicial, el Gobierno español manifestó su confianza en que instancias superiores revisen el fallo y confirmen la inocencia de David Sánchez. La ministra portavoz, Elma Saiz, afirmó que el Ejecutivo esperará la resolución de los recursos correspondientes.
Desde la oposición, el líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la sentencia demuestra que “nadie está por encima de la ley” y volvió a reclamar responsabilidades políticas al presidente Pedro Sánchez.
El caso generó fuertes reacciones dentro del panorama político español, con críticas desde sectores de derecha y cuestionamientos de partidos de izquierda que consideran excesiva la condena.
