Gobierno de Trump planea dotar al ICE de guantes eléctricos para operaciones migratorias
El Gobierno de Estados Unidos evalúa destinar 20 millones de dólares a la adquisición de guantes equipados con tecnología capaz de emitir descargas eléctricas para agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una medida que ha generado críticas entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La compra fue anunciada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que prevé adquirir los dispositivos CTG-5 y completar el proceso a finales de marzo de 2027.
Los guantes incorporan electrodos conductores en la palma que, al entrar en contacto directo con la piel, pueden emitir pulsos eléctricos destinados a provocar dolor. El mecanismo no funciona cuando existe ropa entre el dispositivo y la persona.
El DHS presentó esta herramienta como un dispositivo de desescalada y sostuvo que busca proporcionar a los agentes recursos adicionales para realizar detenciones de manera segura. Sin embargo, organizaciones civiles consideran que la incorporación de este tipo de tecnología podría ampliar el uso de la fuerza durante las operaciones migratorias.
La Red Nacional de Organización de Jornaleros (Ndlon) cuestionó la iniciativa y acusó a la Administración de Donald Trump de incrementar las herramientas disponibles para ejercer fuerza contra los trabajadores migrantes.
Jorge Torres, director de la organización, sostuvo que los nuevos dispositivos representan una forma de violencia que podría aplicarse de manera discreta y reclamó el fin de las operaciones del ICE en comunidades y espacios públicos.
La controversia se suma a las críticas que el organismo migratorio ha recibido durante los últimos meses por sus operativos de detención y deportación impulsados por la Administración Trump.
El DHS defendió el equipamiento y señaló que el ICE evalúa de manera permanente las necesidades de sus agentes para garantizar que dispongan de herramientas adecuadas durante los procedimientos de arresto y deportación.
La discusión ocurre además en un contexto de creciente cuestionamiento a las actuaciones de agentes migratorios tras varios incidentes con víctimas mortales.
Entre los casos más recientes se encuentran las muertes de Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano, y Johan Durán, colombiano, quienes fallecieron tras controles de tráfico en Texas y Maine, respectivamente.
La polémica también recuerda las protestas registradas a comienzos de 2026 luego de la muerte de dos ciudadanos estadounidenses durante operativos migratorios en Minneapolis. Renee Nicole Good, de 37 años, murió el 7 de enero tras recibir disparos de un agente federal, mientras que Alex Pretti, enfermero de 37 años y también de 37 años, falleció el 24 de enero durante un enfrentamiento con agentes de inmigración.
Estos episodios han alimentado las demandas de organizaciones civiles y sectores políticos para aumentar la supervisión sobre las actuaciones del ICE y limitar el uso de la fuerza durante sus operaciones.
