Gobierno de Kast presenta reforma de seguridad contra el crimen organizado en Chile
La iniciativa plantea un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública y reforzar la lucha contra el crimen organizado. El proyecto contempla restricciones de derechos, nuevas herramientas contra organizaciones criminales y sanciones para condenados por terrorismo. La reforma constitucional ingresó con suma urgencia al Senado chileno y deberá ser debatida en un plazo de 15 días
El Gobierno del presidente chileno, José Antonio Kast, ingresó este lunes al Senado una reforma constitucional en materia de seguridad que busca fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado y el terrorismo.
La iniciativa, tramitada con suma urgencia, contempla la creación de un nuevo estado de excepción para enfrentar amenazas graves e inminentes contra la seguridad pública, además de ocho modificaciones a la Constitución chilena.
El proyecto forma parte de la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), que busca ampliar las capacidades de prevención, persecución del delito y protección del orden público.
Nuevo estado de excepción
La propuesta establece que el presidente podrá decretar este nuevo mecanismo cuando exista una amenaza grave a la seguridad pública o una afectación significativa del orden interno.
El estado de excepción tendría una duración máxima de 120 días y podría extenderse una vez por un periodo similar. Para posteriores renovaciones sería necesaria la aprobación del Congreso.
Durante su aplicación, las zonas afectadas quedarían bajo la conducción de un oficial general designado por el mandatario.
Entre las facultades contempladas están restricciones a la libertad de desplazamiento y reunión, además de la posibilidad de intervenir documentos y comunicaciones, así como disponer requisiciones de bienes.
Sanciones para delitos de crimen organizado y terrorismo
La reforma también plantea establecer restricciones para personas condenadas por delitos relacionados con organizaciones criminales o terrorismo.
De aprobarse, quienes sean condenados por estas causas quedarían inhabilitados de forma permanente para ejercer cargos públicos y tendrían limitaciones durante 15 años para acceder a beneficios penitenciarios o penas sustitutivas.
Asimismo, el proyecto busca elevar a rango constitucional la creación de registros de organizaciones criminales, cuya regulación quedaría posteriormente definida mediante una ley.
Mayor cooperación militar y de seguridad
Actualmente, Chile mantiene un estado de excepción vigente en provincias de las regiones de La Araucanía y Biobío desde 2022 debido a episodios de violencia, una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para apoyar el control del orden público.
El Gobierno de Kast sostiene que la reforma responde al avance del crimen organizado en el país, que en los últimos años ha aumentado su presencia mediante actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico y otras redes criminales.
Chile, aunque no es productor de drogas, se ha convertido en un punto estratégico para el tránsito y distribución hacia mercados internacionales debido a su infraestructura portuaria.