Keiko estira ventaja y descarta recuento total de votos durante revisión de actas impugnadas
Con más del 98% del escrutinio completado y una ventaja estrecha de 9.125 votos, Keiko Fujimori rechazó el pedido de un recuento general y defendió que solo las actas observadas, revisadas por los JEE y el JNE, pueden dar lugar a correcciones o reconteos
La disputa por la presidencia de Perú entró en una etapa decisiva con el escrutinio parcial mostrando a Keiko Fujimori ligeramente por delante de Roberto Sánchez, con una diferencia de 9.125 votos y más del 98% de las mesas contabilizadas. Fujimori rechazó la solicitud de Sánchez de un recuento total, afirmando que la ley electoral solo contempla revisiones para actas observadas y que los Jurados Electorales Especiales (JEE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) son las instancias competentes para decidir sobre impugnaciones, nulidades o reconteos.
El proceso actual se centra en la revisión de 1.479 actas observadas cerca de 400.000 votos que exhiben inconsistencias, errores materiales o impugnaciones presentadas por personeros. En casos subsanables, las actas se corrigen y se incorporan al cómputo; si persisten dudas, se realizan audiencias públicas donde pueden ordenar recuentos puntuales. La concentración de actas observadas en Lima y en el exterior podría resultar decisiva y, según especialistas, cada resolución tiene potencial para alterar el ajustado resultado.
Sánchez propuso un recuento total alegando falta de transparencia en ciertos lugares; su pedido fue rechazado por Fujimori y por dirigentes de Fuerza Popular, que insisten en respetar los procedimientos electorales. Ambos bandos han presentado recursos de nulidad: el equipo de Sánchez buscó invalidar unas 2.400 actas (dos ya rechazadas por formalidades), mientras el fujimorismo también presentó impugnaciones en zonas donde denunciaron restricciones a sus observadores. El JNE tiene plazos de hasta tres días hábiles para cada resolución, por lo que la proclamación del presidente electo, prevista oficialmente para mediados de julio, podría retrasarse o adelantarse según cómo evolucionen las impugnaciones.