Si el chavismo reestructura una deuda opaca de $ 240 mil millones los venezolanos pasarán 29 años más de calamidad

El Financial Times cifra la deuda externa venezolana en unos 240 mil millones de dólares y Delcy Rodríguez ha prometido lograr una reestructuración para lograr pagarla. Sin embargo la opacidad de su plan y la posibilidad de que use el mecanismo para blanquear capitales de los propios saqueadores del chavismo, hacen saltar alertas en medios y tribunales internacionales.

Pero la restructuración, si bien ha sido anunciada, no se ha concretado aún. El potencial delito, de renegociar deuda con acreedores de bonos que los adquirieron a precios de remate en un esquema criminal controlado por el chavismo de Miraflores, está latente.

¿Y quién terminaría pagando semejante deuda en caso de Rodríguez logre su cometido?...

Alejandro Grisanti, director de Ecoanalítica, aseguró que los cálculos de su firma ubican la deuda alrededor de 180.000 millones de dólares, muy por debajo de la estimación divulgada por el medio británico.

"Los venezolanos no sabemos cuánto debemos", afirmó Grisanti, y eso de por sí es una fortaleza para un sistema experto en ocultar las cuentas.

Grisanti sostiene que una renegociación seria requiere primero reconstruir la información económica del país, inexistente desde hace más de una década. ¿El plan anunciado por Delcy Rodríguez expondrá cuentas transparentes de esa descomunal deuda?

El default venezolano data de 2017 cuando el régimen de Maduro decidió que ya no podía hacer frente al sobreendeudamiento que se ejecutó desde el régimen de Hugo Chávez y continuó con él como parte de su política financiera, unos compromisos que reposaron, en parte, en mil millonarias cantidades en bonos de la República y de PDVSA que fueron negociados con groseras ventajas por élites que hoy empiezan a mostrar rostros, como el de Raúl Gorrín, presidente de Globovisión o Alejandro Andrade, extesorero de Chávez y sus entramados.

No obstante, para el economista Manuel Sutherland, el monto de 240.000 millones de dólares también resulta excesivo y difiere de las estimaciones del Financial Times.

A su juicio, los montos conocidos hasta ahora oscilaban entre 150.000 y 170.000 millones de dólares, por lo que considera que reconocer una cifra superior sería un error con consecuencias que podrían extenderse durante generaciones.

¿Cómo se traduce una deuda de esa magnitud para los ciudadanos?

La deuda la paga el Estado asfixiando a los ciudadanos. Esas son las matemáticas de siempre. Los especialistas coinciden en que sus efectos terminan llegando a la vida cotidiana.

El economista y magíster en Finanzas Aldo Contreras explica que una deuda de esta magnitud representa una camisa de fuerza para el desarrollo nacional.

Recuerda que cuando el chavismo llegó al poder la deuda rondaba los 28.000 millones de dólares, mientras que hoy, bajo la estimación del Financial Times, equivaldría aproximadamente a 8.000 dólares por cada venezolano.

Según Contreras, el principal impacto consiste en que una parte importante del presupuesto nacional tendría que destinarse al pago de capital e intereses en lugar de invertirse en desarrollo.

"Los recursos que no se utilizan para crecimiento económico, hospitales, infraestructura, universidades o escuelas terminarán destinados al pago de deuda e intereses", advirtió.

Infraestructura, salud y educación serían los sectores más afectados

Los especialistas coinciden en que el costo de atender una deuda de esa magnitud recaería principalmente sobre la inversión pública.

Sutherland afirma que el primer sector sacrificado sería la infraestructura. Carreteras, autopistas, puertos, aeropuertos, sistemas ferroviarios y proyectos de vialidad podrían paralizarse para destinar mayores recursos al servicio de la deuda.

A ello se sumaría el deterioro de los servicios públicos. El economista advierte que agua potable, electricidad y gas tendrían menos inversión precisamente cuando el país enfrenta graves deficiencias en estas áreas.

También prevé mayores dificultades para importar medicamentos e insumos hospitalarios, además del deterioro de los ya reducidos salarios de médicos, profesores y trabajadores públicos.

En su opinión, asumir pagos anuales que podrían oscilar entre 15.000 y 24.000 millones de dólares significaría agravar una crisis humanitaria ya existente.

Contreras comparte esa visión y añade que el país tendría menos capacidad para financiar nuevas inversiones productivas y programas sociales.

La reconstrucción tras el doblete sísmico complica aún más el panorama

El debate sobre la deuda coincide con uno de los momentos más complejos para las finanzas venezolanas.

Según los cálculos presentados por Ecoanalítica, la reconstrucción de los daños ocasionados por el doblete sísmico requiere aproximadamente 12.000 millones de dólares.

Grisanti advierte que el país necesita esos recursos con urgencia y que la recuperación no puede esperar los años que normalmente tomaría una reestructuración de deuda.

Incluso estima que, sin un acuerdo nacional y sin apoyo de organismos multilaterales, Venezuela podría tardar cerca de 29 años en reconstruir completamente la infraestructura destruida.

¿Existe una forma de renegociar la deuda?

Pese al tamaño del problema, ninguno de los economistas considera que el escenario sea irreversible.

Grisanti sostiene que la renegociación debe realizarse con información fiscal transparente y bajo el acompañamiento de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, que permitan determinar cuál es realmente la capacidad de pago del país.

También considera indispensable establecer un cronograma sostenible y negociar posibles quitas con los acreedores.

Contreras, por su parte, recuerda que otros países como Grecia y Argentina atravesaron procesos similares y lograron refinanciar sus compromisos con apoyo internacional.

A su juicio, Venezuela dispone de importantes recursos naturales que podrían respaldar una recuperación económica, siempre que exista una administración eficiente y transparente.

Sutherland, a su vez, propone una ruta distinta:

Considera necesaria una auditoría nacional e internacional que determine qué parte de la deuda puede calificarse como "deuda odiosa", es decir, obligaciones contraídas para financiar mecanismos de represión o desviadas mediante corrupción, y es en este punto donde Miraflores estaría jugando duro para perpetrar un nuevo desfalco.

Asimismo, plantea negociar reducciones importantes del monto adeudado antes de reconocer formalmente cualquier cifra.

Uno de los puntos donde aparecen mayores diferencias tiene que ver con quién debe conducir una eventual reestructuración.

Sutherland considera que el actual gobierno de transición carece de legitimidad política suficiente para asumir una negociación de largo plazo y cuestiona que pueda comprometer financieramente a futuras administraciones.

Grisanti evita pronunciarse sobre la legitimidad política, pero insiste en que cualquier proceso requiere información confiable, transparencia institucional y capacidad técnica para generar confianza entre los acreedores.

Pero ¿qué pasa si Venezuela no paga?

Para Contreras, el incumplimiento mantendría al país aislado de los mercados financieros internacionales y ello impediría acceder a nuevas fuentes de financiamiento, aumentaría el riesgo país y limitaría aún más la capacidad de inversión y recuperación económica.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que pagar tampoco resulta sencillo bajo las condiciones actuales.

La discusión, sostienen, no pasa únicamente por cumplir con los acreedores, sino por encontrar un equilibrio entre la estabilidad financiera y las necesidades inmediatas de una población que enfrenta una prolongada crisis económica, social y ahora también el reto de reconstruirse tras el desastre sísmico.

La transparencia, otra exigencia

La propia María Corina Machado, líder opositora, afirmaba en 2023 que era necesaria la restructuración de la deuda, evidentemente bajo estándares de transparencia, pero los mecanismos estaban dispuestos.

Versión Final tuvo acceso a información de fuentes cercanas al entorno de Machado que indican que figuras clave de su partido apoyan la idea de una restructuración urgente, incluso basada en el monto de los 240.000 millones de dólares que expresa el Financial Times.

Pero hoy, tres años después de la exposición de motivos de Machado en favor de una restructuración, ¿estaría dispuesta a reconocerla en ese descomunal monto o exigirá pronto las cuentas y el plan que diseña el Miraflores tutelado por Washington?

El politólogo Walter Molina añade otra preocupación al debate: el destino de los recursos que actualmente administra el Estado.

Según expuso, si se toman los cálculos del Financial Times y las declaraciones del periodista David Alandete, alrededor de 11.000 millones de dólares provenientes de las exportaciones petroleras venezolanas habrían sido transferidos al gobierno encabezado por Delcy Rodríguez durante los últimos siete meses.

Para Molina, el problema no es únicamente cuánto dinero ingresa, sino cómo se administra, y de eso los venezolanos tampoco reciben la información clara. 

Advierte que no existe información pública sobre el uso de esos recursos ni sobre posibles mecanismos de control, auditoría o rendición de cuentas.

En su opinión, esa falta de transparencia resulta especialmente preocupante cuando el país necesita recursos para atender a las víctimas del doblete sísmico y financiar la reconstrucción.

"Los venezolanos no han visto nada de ese dinero", sostiene, al tiempo que plantea interrogantes sobre el papel de las auditorías internacionales y el destino de los futuros ingresos petroleros.