Exempleado de Pdvsa se declara culpable en EE. UU. de conspirar para evadir sanciones
Según los documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, tras enterarse de las sanciones impuestas a Pdvsa, Semerene y sus cómplices diseñaron un plan para adquirir ilegalmente piezas de aeronaves en Estados Unidos, destinadas a mantener la flota de aviones de la estatal en Venezuela, en violación de las sanciones y controles de exportación vigentes
George Semerene Quintero, un exfuncionario venezolano de 60 años, se declaró culpable este martes de conspirar para violar la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (Ieepa), en un esquema destinado a evadir las sanciones estadounidenses impuestas contra la estatal petrolera Pdvsa.
Hoy, George Semerene Quintero admitió haber conspirado para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación, facilitando al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela la adquisición de piezas críticas de aviones desde Estados Unidos", declaró el fiscal federal Markenzy Lapointe, del Distrito Sur de Florida, publica Monitoreamos.
Lapointe subrayó que, junto con la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) y otras agencias de la ley, continuarán asegurando que las sanciones estadounidenses se apliquen con rigor. "La declaración de culpabilidad de Semerene refleja nuestro compromiso inquebrantable de responsabilizar a quienes violan las sanciones y de hacer cumplir enérgicamente los controles de exportación para proteger la seguridad de nuestra nación", añadió.
Por su parte, el Fiscal General Adjunto, Matthew G. Olsen, de la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, destacó que Semerene participó en un plan ilícito para adquirir millones de dólares en equipos de aviación para el gobierno de Maduro. "La condena de hoy demuestra el compromiso del Departamento de Justicia de responsabilizar a quienes intentan evadir los controles de exportación y las sanciones en apoyo a regímenes autoritarios", agregó Olsen.
El subsecretario de Control de Exportaciones del Departamento de Comercio, Matthew S. Axelrod, explicó que Semerene engañó a proveedores estadounidenses, falsificó formularios aduaneros y creó facturas falsas para ayudar a Pdvsa a evadir las sanciones. "Sin embargo, como demuestra su declaración de culpabilidad, no pudo escapar de las consecuencias legales de violar las leyes estadounidenses", afirmó Axelrod.
Según los documentos judiciales, entre enero de 2019 y diciembre de 2021, tras enterarse de las sanciones impuestas a Pdvsa, Semerene y sus cómplices diseñaron un plan para adquirir ilegalmente piezas de aeronaves en Estados Unidos, destinadas a mantener la flota de aviones de Pdvsa en Venezuela, en violación de las sanciones y controles de exportación vigentes.
Semerene, quien trabajaba en el departamento de adquisiciones de Pdvsa, junto a sus cómplices, ocultó a las empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela y Pdvsa, utilizando transportistas y compañías navieras en el Distrito Sur de Florida para mover los componentes.
El Departamento de Justicia reveló que Semerene y sus cómplices utilizaron terceros en otros países, como Novax Group SA, una empresa costarricense, y Aerofalcon SL, una compañía española, para actuar como compradores y usuarios finales ficticios de las piezas, que en realidad estaban destinadas a Pdvsa.
George Semerene, economista graduado en la Universidad Central de Venezuela (UCV) en 1998 y técnico en mantenimiento aeronáutico por la Universidad Simón Bolívar (USB) en 1985, es oriundo del estado Miranda. Desde 2011, trabajaba en Petróleos de Venezuela, ocupando varios cargos, incluyendo analista de logística y jefe de Logística. Fue detenido al llegar al aeropuerto internacional de Miami, tras una investigación abierta desde 2021, reseña El Pitazo.
La acusación formal contra Semerene y otros nueve coacusados, incluyendo tres individuos asociados con PDVSA, fue revelada en abril, luego de su arresto a su llegada a Estados Unidos. Semerene será sentenciado el próximo 5 de noviembre y enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión.