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Exdirectivos de Plus Ultra declaran esta semana por pagos a socio de Zapatero

La investigación busca determinar si existió una estructura de tráfico de influencias para facilitar la obtención del rescate concedido a Plus Ultra en 2021. Los exdirectivos también reconocieron otros pagos relacionados con actividades desarrolladas en Venezuela. Uno de los aspectos que el juez deberá esclarecer es cuáles fueron exactamente las gestiones realizadas ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales

La Audiencia Nacional de España interrogará esta semana a los dos antiguos máximos responsables de Plus Ultra en el marco de la investigación sobre el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia.

El expresidente de la compañía, Julio Martínez Sola, comparecerá este lunes ante el juez José Luis Calama, mientras que el exconsejero delegado Roberto Roselli deberá hacerlo el martes.

Ambos dejaron sus cargos a finales de julio y previamente presentaron escritos ante el juzgado en los que reconocieron pagos a Julio Martínez Martínez, empresario cercano al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y propietario de la consultora Análisis Relevante.

La investigación busca determinar si existió una estructura de tráfico de influencias para facilitar la obtención del rescate concedido a Plus Ultra en 2021 a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

Según los documentos incorporados a la causa, la aerolínea habría pagado aproximadamente 530.000 euros a sociedades vinculadas a Martínez Martínez entre 2020 y 2025.

A esa cantidad se sumarían unos 69.000 euros en beneficios en especie, principalmente mediante billetes de clase business que Plus Ultra habría puesto a disposición del empresario.

Los exdirectivos también reconocieron otros pagos relacionados con actividades desarrolladas en Venezuela, entre ellas gestiones vinculadas con el aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela (PDVSA).

Parte de esos desembolsos fueron registrados como honorarios por servicios de asesoramiento. Sin embargo, los antiguos responsables de Plus Ultra admitieron que algunos de los informes realizados tenían una utilidad limitada para la compañía.

En sus declaraciones incluso utilizaron el término «mordida» para describir una supuesta contraprestación relacionada con las gestiones realizadas, expresión que también aparece en una conversación intervenida por la Policía Nacional.

Uno de los aspectos que el juez deberá esclarecer es cuáles fueron exactamente las gestiones realizadas ante la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y otras instituciones para favorecer la concesión del rescate.

Los exdirectivos señalaron que conocían la relación entre Martínez Martínez y Zapatero cuando decidieron contratar sus servicios, debido a la delicada situación financiera de la aerolínea, pero afirmaron que no tuvieron constancia directa de actuaciones concretas del expresidente para influir en la concesión de los fondos.

Zapatero también figura como investigado en la causa y ha negado haber utilizado su influencia para conseguir el rescate de Plus Ultra.

El expresidente declaró ante la Audiencia Nacional en junio y rechazó los delitos que se le atribuyen.

Su defensa solicitó además la nulidad de la investigación y la exclusión de determinadas pruebas, alegando vulneraciones de derechos fundamentales. El juez Calama rechazó esa petición el pasado viernes y permitió que la causa continúe.

Las declaraciones de Martínez Sola y Roselli serán ahora relevantes para determinar cómo se pactaron los pagos, qué servicios fueron contratados y qué papel tuvieron el empresario Martínez Martínez y, eventualmente, Zapatero en las gestiones relacionadas con el rescate público de 53 millones de euros.

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