Exasesores de Trump buscan oportunidades de negocio en la nueva Venezuela petrolera
El caso más reciente es el de Michael Jensen, quien hasta finales de mayo fue director sénior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Otro caso es el de Brittany Kelm, quien dejó en agosto su puesto como asesora principal de políticas del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca
La nueva apertura del sector petrolero venezolano está atrayendo a exfuncionarios de la administración de Donald Trump, que tras dejar sus cargos han pasado a empresas energéticas, firmas de lobby y consultoras interesadas en hacer negocios en Venezuela.
El caso más reciente es el de Michael Jensen, quien hasta finales de mayo fue director sénior para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Tres días después de dejar el cargo, Jensen viajó a Venezuela junto al empresario estadounidense de criptomonedas Fred Ehrsam, cofundador de Coinbase.
El 1 de junio, Jensen comenzó a trabajar para Primavera, una nueva compañía energética fundada por Ehrsam. Su cargo es vicepresidente de salud, seguridad, protección y operaciones ambientales. La empresa confirmó su contratación y aseguró que sus funciones no están relacionadas con asuntos gubernamentales, reseñó The Washington Post.
Primavera busca desarrollar proyectos de exploración energética en Venezuela y recientemente firmó acuerdos de producción con PDVSA.
La incorporación de Jensen es parte de una tendencia más amplia. Según una investigación de The Washington Post, empresas e inversionistas interesados en Venezuela están recurriendo a antiguos funcionarios estadounidenses por su conocimiento de la política de Washington hacia Caracas y sus contactos en el gobierno.
Otro caso es el de Brittany Kelm, quien dejó en agosto su puesto como asesora principal de políticas del Consejo Nacional de Dominio Energético de la Casa Blanca y se incorporó a Sable Offshore como vicepresidenta de políticas y asuntos comerciales.
Sable mantiene conversaciones para desarrollar yacimientos petroleros en Venezuela, según fuentes citadas por el diario.
Durante su paso por la Casa Blanca, Kelm participó en la reapertura del sector energético venezolano y en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Caracas. Además, realizó tres viajes a Venezuela.
También Micah Thomas Ketchel, exasesor sénior del Departamento de Estado, se incorporó a la firma de lobby Ballard Partners, donde trabaja en asuntos del hemisferio occidental y Venezuela.
La firma aseguró que Ketchel consultó con los asesores de ética del gobierno antes de asumir su nuevo puesto y que cumple las restricciones legales aplicables.
Por otra parte, Carlos Trujillo, exembajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos durante el primer mandato de Trump, dirige la firma de lobby Continental Strategy. Según una fuente citada por The Washington Post, la compañía representa al menos a una docena de clientes vinculados con Venezuela, principalmente empresas estadounidenses del sector energético.
El movimiento de estos exfuncionarios coincide con una mayor participación estadounidense en la industria petrolera venezolana.
A finales de agosto, el gobierno de Trump adquirió una participación de 35% en North American Blue Energy Partners, la segunda mayor petrolera privada de Venezuela, controlada por el empresario Alejandro Betancourt.
El interés empresarial también ha llevado a Venezuela a antiguos funcionarios de la primera administración Trump, entre ellos Mike Pompeo, Dan Brouillette y Kimberly Breier, quienes estarían involucrados en acuerdos relacionados con la exportación de fertilizantes venezolanos hacia Estados Unidos.
El exenviado especial de Trump para la región, Mauricio Claver-Carone, también reconoció el creciente interés empresarial por Venezuela, aunque aseguró que su firma de capital privado no mantiene inversiones en el país.
El límite entre gobierno y empresas
La incorporación de antiguos funcionarios a compañías que buscan negocios en Venezuela ha generado cuestionamientos sobre la denominada “puerta giratoria” entre Washington y el sector privado.
Las leyes estadounidenses establecen restricciones para los empleados públicos después de abandonar sus cargos, especialmente respecto a actividades de lobby y asuntos específicos en los que participaron durante su gestión.
Richard Painter, exjefe de ética de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, señaló que Jensen podría trabajar en el sector privado siempre que respete esas restricciones y no utilice información clasificada ni intervenga en asuntos gubernamentales en los que tuvo participación directa.
Tanto Primavera como Ballard Partners aseguraron que sus antiguos funcionarios cumplen las normas éticas y legales.
El fenómeno refleja el creciente interés empresarial por Venezuela tras el giro de la política de Washington hacia Caracas y la reapertura de la industria petrolera a compañías estadounidenses y occidentales.