Estados Unidos retira a su diplomático en Nicaragua tras rechazo a embajadora
La relación entre Estados Unidos y Nicaragua atraviesa una nueva crisis diplomática. El gobierno de Joe Biden ha decidido llamar a consultas a su encargado de negocios en Managua, Elias Baumann, tras el rechazo del dictador Daniel Ortega a las credenciales de Natasha Franceschi, designada como nueva embajadora estadounidense en el país centroamericano.
El Departamento de Estado atribuyó la decisión a Ortega y a su esposa, la copresidenta Rosario Murillo, y subrayó que la negativa evidencia su “total falta de voluntad para entablar un diálogo diplomático productivo”. La medida fue implementada bajo las instrucciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien enfatizó la necesidad de consultas “cruciales” tras el rechazo.
Franceschi, descrita como “una diplomática de carrera de alto nivel y sumamente cualificada”, había sido ratificada por el Senado estadounidense el pasado 30 de septiembre. Sin embargo, Nicaragua no cuenta con un embajador estadounidense desde 2023, lo que agrava aún más la situación diplomática entre ambos países.
La negativa del régimen nicaragüense se hizo pública durante una reunión extraordinaria de cancilleres de la Organización de los Estados Americanos (OEA) el 2 de octubre, donde el subsecretario del Departamento de Estado, Christopher Landau, reveló los detalles. Ortega y Murillo, quienes gobiernan Nicaragua con mano de hierro, han intensificado su control sobre la sociedad desde las protestas de 2018, que dejaron más de 300 muertos, según la ONU.
Durante la misma reunión, la OEA aprobó una resolución que exige a Nicaragua la celebración de elecciones y la liberación incondicional de los presos políticos, en un contexto donde Ortega ha declarado que no habrá más comicios. La resolución, adoptada por unanimidad, también solicita la recuperación de la separación de poderes y la divulgación del paradero de los desaparecidos. Sin embargo, no se incluyeron sanciones concretas contra Ortega y Murillo.
El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, instó a la comunidad internacional a actuar con “urgencia” para restaurar el orden constitucional en Nicaragua. Ramdin propuso el uso de herramientas como sanciones económicas que no afecten a la población, así como restricciones financieras y de viaje para ciertas autoridades del régimen.
