España regularizará a casi medio millón de migrantes a través de decreto de urgencia
La regularización estará dirigida a personas extranjeras que puedan demostrar haber vivido en España durante al menos cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse quienes hayan solicitado asilo antes de esa fecha, incluso si su petición se encuentra en trámite o fue posteriormente rechazada
El Consejo de Ministros inicia este martes los primeros trámites para aprobar por la vía de urgencia una regularización extraordinaria que permitiría reconocer derechos a cerca de medio millón de personas extranjeras que ya residen en España. La medida, pactada entre el Gobierno y Podemos, se aplicaría en los próximos meses mediante una reforma del reglamento de extranjería.
La regularización estará dirigida a personas extranjeras que puedan demostrar haber vivido en España durante al menos cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán acogerse quienes hayan solicitado asilo antes de esa fecha, incluso si su petición se encuentra en trámite o fue posteriormente rechazada, informa El Diario de España.
Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la residencia continuada podrá acreditarse mediante cualquier documento público, privado o una combinación de ambos. Además del empadronamiento, se aceptarán pruebas como facturas de servicios, informes médicos, certificados de asistencia a servicios municipales u otros documentos que evidencien una permanencia estable en el país. Este criterio amplio busca evitar que personas sin padrón, una situación frecuente entre migrantes sin papeles, queden excluidas del proceso.
La autorización que se concederá será un permiso temporal de residencia y trabajo, válido en todo el territorio español y para cualquier sector laboral. Tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual las personas regularizadas podrán solicitar alguno de los permisos ordinarios previstos en el reglamento de extranjería.
En el caso de las familias que cumplan los requisitos, la solicitud implicará la regularización simultánea de los hijos e hijas menores que ya se encuentren en España. Para ellos, la autorización tendrá una duración de cinco años, superior al permiso concedido a los adultos.
El Consejo de Ministros no aprobará este martes la regularización de forma directa, sino el inicio de la tramitación de la reforma normativa que la hará posible. El Gobierno prevé que el plazo para presentar solicitudes se abra a partir de abril, aunque esta fecha podría modificarse. Una vez registrada la solicitud, la Administración tendrá un máximo de 15 días para admitirla a trámite. Desde ese momento, la persona contará con un permiso de residencia temporal que le permitirá trabajar y evitar una eventual expulsión. El estudio completo del expediente y la resolución definitiva podrán tardar hasta tres meses.
El Ejecutivo estima que alrededor de medio millón de personas podrían beneficiarse de esta regularización, aunque reconoce que se trata de una proyección basada en cálculos de movimientos sociales, debido a la ausencia de datos oficiales precisos sobre la población en situación irregular. Un informe reciente de Funcas estima que en enero de 2025 vivían en España unas 850.000 personas sin papeles, si bien expertos señalan que una parte de ellas se habría regularizado durante el último año tras una reforma previa del reglamento de extranjería que flexibilizó los requisitos del arraigo.
La medida estará abierta a personas de cualquier nacionalidad, aunque los datos apuntan a que la mayoría de beneficiarios procederán de América Latina. Según Funcas, la población latinoamericana representa el 91 % de los extranjeros en situación irregular en España en 2025 y ha sido el principal motor del aumento de la población no comunitaria desde 2022.
La iniciativa tiene su origen en las movilizaciones impulsadas desde 2020 por el movimiento Regularización Ya, surgido durante la pandemia de la Covid-19, cuando se evidenció la especial vulnerabilidad de las personas sin papeles, muchas de ellas empleadas de forma irregular en sectores esenciales. La campaña derivó en una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas, cuya tramitación parlamentaria permaneció bloqueada durante años por desacuerdos políticos.
Finalmente, el acuerdo alcanzado entre Podemos y el Gobierno permitirá sacar adelante la regularización sin necesidad de una nueva votación en el Congreso, mediante la vía reglamentaria. Una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado, la medida entrará en vigor.
Desde el Ministerio de Migraciones recuerdan que no es la primera vez que España recurre a regularizaciones extraordinarias. Desde los años ochenta se han aprobado seis procesos de este tipo, dos bajo gobiernos del Partido Popular y cuatro con ejecutivos socialistas. A nivel europeo, se han realizado más de 40 regularizaciones desde la década de 1990, incluidas las llevadas a cabo en Italia y Portugal en 2020 y 2021.
Ante las críticas del Partido Popular, que advierte de un posible colapso de los servicios sociales, el Gobierno sostiene que las personas beneficiarias ya viven y trabajan en España desde hace meses, utilizan los servicios públicos y contribuyen a la economía a través del consumo, aunque sin poder cotizar por falta de documentación. La regularización, argumenta el Ejecutivo, permitirá incorporar a estas personas al sistema formal y generar un impacto económico positivo.