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España aprueba la regularización de 50.000 inmigrantes

La medida fue defendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un acto de “justicia” y “necesidad”. Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir del 16 de abril, con atención presencial desde el día 20. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de “injusta” e “insegura”, y advirtió que podría favorecer a las mafias de inmigración irregular

El Gobierno de España aprobó este martes una regularización extraordinaria que permitirá conceder permisos de residencia y trabajo a alrededor de medio millón de inmigrantes que ya se encuentran en el país.

La medida fue defendida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un acto de “justicia” y “necesidad”, mientras que ha sido rechazada por el Partido Popular (PP) y Vox, que la consideran inadecuada e insegura.

Según el Ejecutivo, esta iniciativa reconoce la realidad de personas que ya viven en España y contribuyen a la economía y al funcionamiento de sectores clave como la agricultura y los cuidados.

Para acceder al proceso, los solicitantes deberán acreditar su presencia en España antes del 1 de enero, contar con al menos cinco meses de residencia continuada y no tener antecedentes penales, entre otros requisitos.

Las solicitudes podrán presentarse de forma telemática a partir del 16 de abril, con atención presencial desde el día 20, y el proceso estará abierto hasta el 30 de junio. El Gobierno prevé resolver los expedientes en un plazo aproximado de dos meses y medio.

El plan contará con oficinas de la Seguridad Social y de Correos en todo el país, aunque el proceso ha generado críticas de sindicatos policiales y protestas en oficinas de Extranjería, que han anunciado una huelga por su exclusión en la gestión.

Sánchez defendió la medida como un paso de “normalización” y también como una respuesta a la necesidad demográfica de España, un país con población envejecida que requiere más trabajadores para sostener el sistema productivo y los servicios públicos.

La oposición rechaza la iniciativa. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, la calificó de “injusta” e “insegura”, y advirtió que podría favorecer a las mafias de inmigración irregular. Por su parte, Vox anunció acciones legales contra el decreto y campañas contra la inmigración “masiva”.

En contraste, organizaciones como Cáritas y otras entidades sociales han respaldado la regularización, al considerar que la situación de irregularidad deja a muchas personas en condiciones de vulnerabilidad y sin acceso a derechos básicos.

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