En Doral exigen revocar acuerdo con el ICE por su impacto en los inmigrantes
Funcionarios y líderes comunitarios claman por la revocación del acuerdo 287(g), culpándolo de sembrar miedo entre las familias inmigrantes. La alcaldesa Christi Fraga advierte que su cancelación no detendría las operaciones federales.
En las puertas del Ayuntamiento de Doral, un grupo de funcionarios, exlegisladores y líderes comunitarios unió fuerzas para exigir la revocación del polémico acuerdo 287(g) con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La presión es palpable: el temor entre las familias inmigrantes se ha intensificado, y los asistentes al evento no dudaron en señalar que la colaboración entre la Policía local y ICE ha erosionado la confianza en las autoridades.
La alcaldesa Christi Fraga respondió a las inquietudes, reconociendo el sufrimiento de las familias afectadas, pero advirtiendo que terminar con el convenio no alteraría las leyes migratorias. “Derogar la resolución 287(g) no cambia las leyes federales de inmigración”, afirmó, dejando claro que las operaciones de ICE seguirán independientemente de la decisión municipal.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad en abril de 2025 y permite a ciertos agentes locales ejercer funciones migratorias limitadas. Desde su implementación, las redadas de ICE han incrementado la ansiedad entre inmigrantes, incluyendo aquellos con solicitudes de asilo y permisos de trabajo vigentes. Comerciantes locales han reportado caídas de hasta 70% en sus ventas, atribuyendo la disminución de clientes a la presencia de agentes federales en la ciudad.
La exsenadora estatal Annette Taddeo, actual candidata demócrata a directora financiera de Florida, criticó el programa, que fue presentado como una herramienta de seguridad pública. “El 287(g) se vendió como seguridad pública. Hizo lo opuesto: lo que realmente causó fue miedo”, declaró, resaltando cómo algunos padres buscan transportes alternativos para llevar a sus hijos a la escuela por temor a ser detenidos.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus, no se quedó atrás y acusó al gobierno municipal de convertirse en un “brazo de la maquinaria de deportación federal”. “Doral es una ciudad fantasma”, lamentó, enfatizando la parálisis que sienten muchas familias al salir de sus hogares.
El excongresista demócrata Joe García también advirtió a los funcionarios de Doral antes de la aprobación del acuerdo, llamándolo “indigno” y criticando la decisión de priorizar la alineación partidista sobre la responsabilidad hacia la comunidad. “Lo hicieron de todas maneras”, reprochó.
La alcaldesa Fraga, en su defensa, se desmarcó de la narrativa de Doral como un epicentro del miedo. Afirmó que la ciudad no es responsable de las leyes federales de inmigración y que su deber es cumplir con las disposiciones vigentes, aunque abogue por su modificación. “Debemos dejar atrás el teatro político y encontrar soluciones reales para estas familias”, concluyó.
¿Qué futuro les espera a las familias inmigrantes en Doral mientras el debate sobre el 287(g) continúa sin una resolución clara?