El Salvador impone cadena perpetua por feminicidio tras reformas de Bukele
Por primera vez en la historia, la justicia salvadoreña ha dictado una condena de cadena perpetua por feminicidio, un hito que se da en el marco de reformas legales impulsadas por el presidente Nayib Bukele. La decisión ha generado tanto apoyo como críticas por su impacto en los derechos humanos.
La historia de la justicia en El Salvador dio un giro significativo cuando, por primera vez, se impuso una condena a cadena perpetua por feminicidio. Este hito, anunciado por la fiscalía, se produce tras una serie de reformas legales impulsadas por el presidente Nayib Bukele.
El pasado viernes, la justicia salvadoreña sentenció a cadena perpetua a un hombre por asesinato, y el lunes 14 de septiembre de 2026, marcó la primera condena por feminicidio. La fiscalía destacó que se trató de "la primera condena de prisión perpetua por feminicidio agravado", un avance que refleja el endurecimiento de las leyes en el país.
El crimen, que ocurrió en agosto en Santa Ana, fue perpetrado por Eduardo Mauricio Urbina García, quien fue hallado culpable de asesinar con un arma blanca a una vecina a quien acosaba constantemente. La fiscalía precisó que la condena se dio "a solo 42 días del crimen", subrayando la rapidez del proceso judicial en este caso.
Este cambio en la legislación se produjo tras la eliminación, a principios de año, de la prohibición constitucional de la prisión perpetua por parte de un Congreso dominado por el oficialismo. Ahora, la condena de cadena perpetua puede aplicarse a delitos como homicidio, violaciones y terrorismo, cuando anteriormente la pena máxima era de 60 años, con posibilidades de reducción.
Además, Bukele promovió una norma que extiende el castigo a menores de edad que cometan asesinatos o violaciones. Su administración, marcada por un régimen de excepción en la lucha contra las pandillas, ha llevado a la prisión a unas 92.000 personas y ha logrado reducir la criminalidad a niveles históricos.
No obstante, este enfoque ha suscitado críticas. Expertos de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales acusan al mandatario de abusos contra los derechos humanos, que podrían ser considerados crímenes contra la humanidad. En un contexto donde la justicia se torna más severa, la pregunta que persiste es: ¿a qué costo se logra la seguridad en El Salvador?