El Salvador admite ante la ONU que migrantes deportados al Cecot siguen bajo control de EE. UU.
La revelación se conoció a través de documentos judiciales presentados este lunes por abogados que representan a más de un centenar de migrantes venezolanos. Los venezolanos fueron enviados a El Salvador a mediados de marzo. La declaración contradice las versiones oficiales previamente difundidas por ambos gobiernos
El gobierno de El Salvador admitió ante un grupo de trabajo de las Naciones Unidas que la administración del expresidente Donald Trump mantiene el control sobre un grupo de hombres venezolanos deportados desde Estados Unidos y actualmente recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una de las cárceles más polémicas del país centroamericano.
La revelación se conoció a través de documentos judiciales presentados este lunes por abogados que representan a más de un centenar de migrantes venezolanos, quienes buscan revertir sus deportaciones al Cecot. El caso forma parte de una serie de desafíos legales contra las duras políticas migratorias implementadas bajo la administración Trump.
En su respuesta a las consultas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, funcionarios salvadoreños afirmaron que “la jurisdicción y la responsabilidad legal sobre dichas personas recaen exclusivamente en las autoridades extranjeras competentes”, en referencia a Estados Unidos.
Los venezolanos fueron enviados a El Salvador a mediados de marzo, a pesar de que un juez estadounidense había ordenado la suspensión de sus vuelos de deportación. No obstante, la administración Trump argumenta que, una vez fuera del territorio estadounidense, los migrantes ya no están protegidos por el debido proceso ni por otras garantías constitucionales.
Este episodio ha reavivado las críticas internacionales sobre las condiciones en el Cecot y el papel de Estados Unidos en el manejo de las deportaciones de migrantes latinoamericanos.
En marzo, EE. UU. firmó un acuerdo por valor de 6 millones de dólares para que El Salvador alojara a 300 migrantes.
La medida generó controversia cuando Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros, una norma del siglo XVIII, para justificar las deportaciones rápidas de hombres que su gobierno vincula con el grupo criminal venezolano Tren de Aragua.
El mes pasado, una coalición de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes presentó una demanda para anular el acuerdo entre EE. UU. y El Salvador, argumentando que dejar a los deportados fuera del alcance de la justicia estadounidense constituye una "violación constitucional".
La declaración contradice las versiones oficiales previamente difundidas por ambos gobiernos.