El nuevo proyecto de sometimiento a la justicia desmantela la paz en Colombia
Los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino presentan un polémico proyecto que elimina el estatus político para grupos armados y propone rebajas de penas a cambio de colaboración. Un giro radical en la política de paz del país.
El martes 13 de octubre, a las 4 de la tarde, mientras Colombia se debatía entre el aumento del dólar y la primera protesta pública contra el nuevo gobierno, los ministros Rodrigo Lara e Iván Cancino presentaron un proyecto que podría cambiar el rumbo de la política de paz en Colombia. Con un simple fólder de 17 páginas, los funcionarios radicaron un proyecto de Ley de Sometimiento a la Justicia que busca desarmar a los grupos ilegales sin negociación alguna.
Este documento, que desafía la política de ‘paz total’ del presidente Gustavo Petro, propone un modelo radical: combatir y someter a las organizaciones armadas, eliminando el estatus político que había sido un pilar desde la era de Belisario Betancur. De ser aprobado, el proyecto marcaría el fin de un enfoque que permitió la desmovilización y reintegración de combatientes a la vida política del país.
Desde 1953, Colombia ha intentado diversas aproximaciones para lograr la paz. El general Gustavo Rojas Pinilla fue uno de los primeros en ofrecer amnistías a guerrillas liberales, un gesto que generó críticas, especialmente entre los conservadores. Más adelante, el gobierno de Alberto Lleras Camargo también otorgó amnistías en un intento por frenar la violencia bipartidista, pero fue Betancur quien dio el siguiente paso significativo al reconocer el estatus político de las guerrillas.
La Ley 35 de 1982, impulsada por Betancur, fue un hito que permitió a grupos como las FARC y el M-19 ser tratados como actores políticos y no simplemente como delincuentes comunes. A través de esta legislación, se inició un proceso de paz que incluyó negociaciones y la creación de la Unión Patriótica, un partido político que lamentablemente fue objeto de violencia sistemática.
El nuevo proyecto de ley presentado por Lara y Cancino, que contiene 22 artículos, busca modificar la Ley 418 de 1997 y se caracteriza por su lema de “cero estatus políticos”. Bajo esta propuesta, el diálogo con el Gobierno se limitaría a la figura de un abogado, y no a un negociador político como en el pasado. Las penas se reducirían hasta un 50% para los miembros de rangos bajos, y un 30% para los cabecillas, pero siempre con la condición de colaboración efectiva.
Este enfoque, que excluye la suspensión de órdenes de captura y extradición, ha sido recibido con entusiasmo por sectores del uribismo y expertos en derecho, quienes ven en él una oportunidad para desincentivar la actividad criminal. Sin embargo, la propuesta plantea que los beneficios no se otorgarán únicamente por dejar las armas, sino que dependerán de la información útil sobre narcotráfico, desmantelamiento de laboratorios, y otros aspectos críticos.
Una de las novedades más controversiales es la inclusión de rebajas penales por información sobre corrupción relacionada con políticos, lo que podría abrir un nuevo campo de acción en la lucha contra la impunidad. Las condenas no se cumplirían en cárceles tradicionales, sino en centros de arraigo transitorios y cárceles productivas, bajo un nuevo marco de política criminal que redefine la relación del Estado con los grupos armados.
Así, el Gobierno de Petro se aleja de los caminos de la negociación y la reconciliación, y avanza hacia un enfoque más punitivo que podría tener repercusiones profundas en la dinámica del conflicto armado en Colombia.