EEUU endurece evaluación de autosuficiencia para quienes buscan la residencia permanente

Demostrar estabilidad económica y capacidad para mantenerse sin depender de manera prolongada de las ayudas públicas será un aspecto cada vez más relevante para los inmigrantes que aspiran a obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

A partir del 18 de septiembre, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comenzará a aplicar una nueva guía sobre la denominada "carga pública", que sustituirá los criterios vigentes desde 2022 y modificará la evaluación de determinados trámites de ajuste de estatus para obtener la Green Card.

Con estos cambios, los solicitantes deberán demostrar que cuentan con condiciones que permitan prever que no dependerán del Estado en el futuro. Especialistas en inmigración consideran que la nueva interpretación establece un estándar más estricto para determinar la autosuficiencia económica.

Daniela Torres, abogada de inmigración y asesora legal de Migrants Foundation, explicó que anteriormente solo determinadas ayudas públicas eran tomadas en cuenta para establecer una posible inadmisibilidad por carga pública.

Bajo los criterios anteriores, se consideraban principalmente las prestaciones monetarias recibidas directamente del Estado o la permanencia prolongada en una institución médica financiada por fondos públicos. Ahora, la evaluación podrá abarcar una gama más amplia de beneficios vinculados a los ingresos.

Entre los elementos que podrían ser considerados figuran los cupones de alimentos, los subsidios de vivienda y determinadas ayudas financieras destinadas a estudios universitarios.

Torres señaló que USCIS aplicará el principio jurídico conocido como "totalidad de las circunstancias", mediante el cual se analizará de manera conjunta la situación del solicitante y no únicamente si recibió una prestación pública específica.

Cioly Zambrano, paralegal en el bufete del abogado Elio Vásquez, explicó que los funcionarios de USCIS recuperan un amplio margen de discrecionalidad para determinar si una persona podría convertirse en una carga pública.

Según Zambrano, la residencia permanente debe entenderse como un beneficio que el Estado concede cuando se cumplen determinados requisitos, y no como un derecho automático. Por ello, el funcionario tendrá la facultad de valorar las condiciones particulares de cada solicitante.

Factores que serán evaluados

Dentro del análisis de una posible carga pública podrán considerarse diferentes aspectos de la vida del inmigrante, entre ellos la edad, el estado de salud, la situación familiar, los ingresos, los bienes, las deudas, la educación y las capacidades laborales.

Isidora Velásquez, abogada de inmigración, recomendó a quienes buscan la Green Card evitar, siempre que sea posible, el uso de beneficios públicos.

La especialista recordó que durante el primer mandato de Donald Trump se aplicaron criterios relacionados con la carga pública que llevaron a negar solicitudes de residencia a personas que recibían determinadas ayudas estatales.

Aunque la nueva normativa comenzará a regir el 18 de septiembre, Velásquez advirtió que el uso previo de asistencia pública podría ser considerado al momento de evaluar determinados casos.

Torres recomendó evitar prestaciones que no sean indispensables y, al mismo tiempo, contar con un patrocinador financiero sólido y demostrar que se cumplen los niveles de ingresos exigidos para respaldar la solicitud.

Elementos que pueden favorecer al solicitante

Experiencia laboral, certificaciones profesionales, nivel educativo y habilidades especiales pueden jugar a favor de una persona que busca demostrar su capacidad para mantenerse económicamente en Estados Unidos.

Zambrano también consideró importante demostrar que cualquier ayuda pública recibida fue utilizada durante un período limitado y ante una situación temporal, como una enfermedad o una pérdida de empleo.

La especialista señaló que una dependencia prolongada de estas ayudas podría ser interpretada de manera desfavorable, mientras que Torres agregó que el dominio del inglés, los activos y contar con un seguro médico privado también pueden contribuir a demostrar autosuficiencia.

Ambas abogadas recomendaron revisar cuidadosamente la planilla de solicitud para evitar errores y acudir a un abogado de inmigración con licencia en Estados Unidos que pueda evaluar las circunstancias particulares de cada caso.

Factores que podrían perjudicar

Edad avanzada y determinadas condiciones médicas podrían representar dificultades adicionales para algunos solicitantes. Velásquez recordó que, durante la primera administración de Trump, hubo casos en los que personas mayores no lograron demostrar que contarían con ingresos suficientes para su retiro.

Esta situación podría resultar especialmente complicada para ciudadanos de países donde las pensiones de jubilación son inexistentes o insuficientes. En esos casos, los familiares podrían tener que demostrar que cuentan con recursos suficientes para garantizar el sostenimiento económico y la cobertura médica del solicitante.

Zambrano agregó que una condición médica y determinadas infracciones a la ley también podrían influir negativamente en la evaluación de una solicitud.

USCIS podría exigir una fianza

Nueva normativa contempla además la posibilidad de que un funcionario de USCIS solicite una fianza por carga pública cuando considere que existe riesgo de que el solicitante dependa del Estado.

Torres explicó que la fianza podría ser respaldada económicamente por un patrocinador que sea ciudadano o residente permanente y que su monto dependería de las ayudas que, según la proyección del funcionario, la persona podría necesitar durante los próximos cinco años.

Solicitud de esta garantía quedaría a criterio del funcionario y el monto mínimo establecido es de 1.000 dólares.

Personas que están exentas

Determinados grupos permanecen fuera de estas disposiciones de carga pública. Entre ellos se encuentran refugiados y asilados, víctimas de trata que solicitan una visa T, determinadas víctimas de delitos con visa U y autopeticionarios amparados por la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA).

También figuran los jóvenes inmigrantes especiales, determinados beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), solicitantes bajo la Ley de Ajuste Cubano y ciertos nacionales de Vietnam, Camboya y Laos.

Dentro de las excepciones también aparecen los beneficiarios de la Ley de Equidad en la Inmigración de Refugiados Liberianos, ciertos ciudadanos sirios, personas con parole bajo programas humanitarios y determinados intérpretes afganos e iraquíes vinculados al Gobierno de Estados Unidos.

Diario Las Américas.