EE. UU. sancionó a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional
Estados Unidos impuso sanciones a Tomoko Akane, presidenta de la CPI, como parte de la ofensiva de Trump contra el tribunal. La medida bloquea los activos de Akane bajo jurisdicción estadounidense y restringe su acceso al sistema financiero de ese país. Washington mantiene su presión contra la CPI por sus investigaciones y órdenes de arresto relacionadas con Israel y Estados Unidos
Estados Unidos impuso este martes, 18 de agosto, sanciones contra Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI), en una nueva escalada de la campaña impulsada por el gobierno de Donald Trump contra el tribunal con sede en La Haya.
La medida fue incluida por el Departamento del Tesoro estadounidense entre las sanciones contra integrantes de la CPI. Las restricciones contemplan el bloqueo de activos e intereses financieros de Akane bajo jurisdicción estadounidense, además de limitar sus operaciones dentro del sistema financiero de ese país.
Akane, jueza japonesa, fue elegida en marzo de 2024 como presidenta de la CPI para el período 2024-2027 y se convirtió en la primera persona de nacionalidad japonesa en ocupar ese cargo.
La decisión forma parte de la creciente confrontación entre Washington y la CPI. Estados Unidos no es miembro del tribunal y la administración Trump ha cuestionado las investigaciones de la corte que involucran a ciudadanos estadounidenses y figuras israelíes.
En particular, Washington ha rechazado las actuaciones de la CPI relacionadas con Israel y la investigación sobre posibles crímenes cometidos por fuerzas estadounidenses en Afganistán. En años recientes, Estados Unidos ya había impuesto sanciones contra fiscales y jueces del tribunal.
El Departamento del Tesoro también autorizó un período de transición para determinadas operaciones relacionadas con Akane, permitiendo que algunas transacciones sean cerradas hasta el 17 de septiembre de 2026.
La presidenta de la CPI ha defendido previamente la independencia del tribunal frente a las presiones de Estados Unidos y Rusia y ha rechazado cualquier intento de interferir en su labor judicial.
La nueva sanción profundiza así el enfrentamiento entre la administración Trump y la institución creada para investigar y juzgar los crímenes internacionales más graves, incluidos genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.