EE. UU. revoca visas a funcionarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha tomado una medida contundente al revocar las visas de altos funcionarios públicos, magistrados y empresarios de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, acusándolos de estar presuntamente vinculados a esquemas de corrupción y narcotráfico. Esta acción, que se extiende a los familiares directos de los sancionados, busca frenar el ingreso a territorio estadounidense de individuos señalados por socavar la gobernanza democrática y el Estado de derecho en la región.

Entre los nombres destacados se encuentra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien se le atribuye el abuso de funciones para facilitar actividades relacionadas con el tráfico ilícito de drogas. Según el informe oficial de EE.UU., Mariaca habría solicitado y aceptado sobornos a cambio de protección judicial, permitiendo así que criminales violentos evadieran la justicia.

Las restricciones impuestas al fiscal boliviano incluyen la anulación de visados para su entorno familiar inmediato, dejándolos inelegibles para ingresar a suelo norteamericano. Otros altos funcionarios bolivianos también fueron sancionados, incluyendo a Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia; Martin Daniel Irusta Flores, fiscal superior; y Albania Chane Caballero Saavedra, jueza anticorrupción, entre otros.

La situación no es exclusiva de Bolivia. En Colombia, la revocación de visa afecta a la senadora Martha Isabel Peralta Epieyú y al empresario Euclides Torres, vinculado al sector de energía. En Ecuador, se cancelaron las visas de dos ciudadanos y sus familias, mientras que en Perú, el juez Juan Carlos Núñez Matos también fue incluido en la lista de sancionados.

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Estado, estas cancelaciones son parte del cumplimiento de los compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y ratificados en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, impulsada por la administración de Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio. “Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas”, enfatizó el Departamento de Estado.

Este despliegue de restricciones unilaterales representa un endurecimiento en la política exterior estadounidense hacia los países andinos, enviando un mensaje claro a las estructuras políticas y judiciales de la región sobre la cero tolerancia frente a la delincuencia organizada transnacional.