EE. UU. ordena revisar si persisten riesgos de persecución contra venezolanos solicitantes de asilo
Un nuevo fallo de la Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos (BIA, por sus siglas en inglés) podría tener repercusiones en los procesos de asilo de ciudadanos venezolanos que alegan haber sido perseguidos por razones políticas.
La decisión, emitida el 4 de septiembre de 2026 en el caso Matter of A-E-V-M-, establece que la salida del poder de Nicolás Maduro y la posterior transferencia de la autoridad ejecutiva en Venezuela constituyen un cambio en las condiciones del país que debe ser considerado al evaluar el temor de un solicitante a sufrir persecución en el futuro.
El caso llegó ante la BIA después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apelara la decisión de un juez de inmigración que había concedido asilo a una ciudadana venezolana. La Junta anuló esa decisión y devolvió el expediente al juez para que analizara nuevamente si la solicitante mantiene un riesgo particularizado de persecución bajo las nuevas circunstancias políticas de Venezuela.
La resolución, sin embargo, no establece que Venezuela sea ahora un país seguro ni ordena negar las solicitudes de asilo de los venezolanos. El punto central es que los jueces deben incorporar los cambios ocurridos en el país y determinar cómo estos afectan el riesgo específico de cada solicitante.
El nuevo criterio puede ser especialmente relevante para venezolanos que fundamentan sus solicitudes de asilo en persecución política durante el gobierno de Maduro.
A partir del fallo, los jueces deberán determinar, entre otros aspectos, quiénes fueron los presuntos perseguidores, qué capacidad conservan para ejercer represalias y si las circunstancias que originaron el temor del solicitante continúan vigentes.
Esto significa que haber sido víctima de persecución en el pasado seguirá siendo un elemento relevante, pero el análisis también deberá considerar si existe actualmente un riesgo de sufrir persecución en caso de regresar a Venezuela.
La BIA dejó claro que el cambio de condiciones del país no resuelve automáticamente la solicitud. Por el contrario, exige evaluar cómo esas nuevas circunstancias afectan el riesgo individual de la persona que busca protección.
La decisión llega en un momento de alta incertidumbre para miles de venezolanos que tienen procesos migratorios pendientes en Estados Unidos.
Para quienes soliciten o tengan pendiente una petición de asilo basada en persecución política, el nuevo escenario significa que deberán demostrar de manera individualizada por qué las amenazas que enfrentaron en Venezuela continúan representando un peligro.
La evidencia sobre amenazas, detenciones, agresiones, vigilancia, persecución previa, vínculos con actores que continúen activos o cualquier otra circunstancia relacionada con el riesgo individual puede adquirir especial importancia en estos procesos.
La BIA, que forma parte del sistema de justicia migratoria del Departamento de Justicia, mantiene la facultad de revisar las decisiones de los jueces de inmigración. Su resolución más reciente establece que los cambios políticos en Venezuela deben formar parte del análisis de las solicitudes afectadas por esas nuevas circunstancias.
Por tanto, el alcance inmediato del fallo no consiste en cerrar la puerta al asilo para los venezolanos, sino en exigir a los jueces una revisión más específica de las circunstancias actuales y del riesgo que enfrenta cada solicitante.
