EE.UU. limita a 10 días el plazo para impugnar órdenes de deportación
Los inmigrantes que reciban determinadas órdenes de deportación en Estados Unidos tendrán menos tiempo para impugnar las decisiones judiciales a partir del próximo 17 de diciembre, cuando entre en vigor una nueva normativa impulsada por la administración del presidente Donald Trump.
La disposición reducirá de 30 a 10 días el plazo para presentar ciertas apelaciones ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA), un cambio que ha despertado preocupación entre abogados especializados en la materia por las dificultades que podría representar para las personas afectadas.
De acuerdo con un reporte de N+ Univision, la medida había sido bloqueada en marzo por un juez federal. Sin embargo, el Departamento de Justicia consiguió recientemente levantar la suspensión a través de recursos judiciales, lo que permitirá su aplicación en la fecha prevista.
Con el nuevo límite, los inmigrantes dispondrán de apenas 10 días para buscar representación legal, revisar la decisión del juez, detectar posibles errores y preparar los argumentos para recurrir la orden. El procedimiento podría resultar especialmente complicado para quienes permanezcan detenidos y tengan dificultades para comunicarse con sus abogados o familiares.
“Si 30 días hay dificultad para hacerlo en 30 días, imagínate tú en 10”, advirtió el abogado de inmigración Raed González, quien considera que la modificación podría provocar nuevos litigios por posibles afectaciones al debido proceso.
En la misma línea, la abogada Johanna Kelley alertó sobre el impacto que tendrá el cambio en las familias con menos recursos económicos, que podrían enfrentar mayores obstáculos para conseguir asistencia jurídica en un período tan corto.
A estas dificultades se suma el costo del procedimiento. Según el reporte, presentar una apelación supera actualmente los 1.000 dólares, una cantidad que no incluye los honorarios profesionales de los abogados y que puede limitar las posibilidades de impugnar una orden de expulsión.
El Gobierno busca reducir el retraso de los casos
El Departamento de Justicia defiende la modificación con el argumento de que permitirá agilizar los procedimientos migratorios y reducir el volumen de expedientes acumulados ante la BIA, que, según el reporte, supera los 325.000 casos pendientes.
La administración Trump también sostiene que acortar los plazos contribuirá a disminuir las demoras judiciales y los gastos asociados a la detención prolongada de inmigrantes.
No obstante, la reducción no se aplicará a todos los procedimientos. Algunas apelaciones, entre ellas determinados casos vinculados con solicitudes de asilo, conservarán el plazo de 30 días.
Ante la entrada en vigor de la normativa, especialistas recomiendan a quienes tengan procesos migratorios abiertos mantener organizada su documentación y buscar asesoría legal con anticipación, a fin de conocer los plazos aplicables a sus casos y evitar que se agote el tiempo para presentar un recurso.
