EE. UU. habría expulsado a unos 23.000 migrantes mediante acuerdos con terceros países
Los expertos cuestionaron los acuerdos suscritos entre Washington y distintos gobiernos para recibir a migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos. Entre los países que, según los expertos de la ONU, forman parte de este esquema figuran Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay. El debate judicial y las denuncias de los expertos de la ONU ponen nuevamente bajo escrutinio los acuerdos utilizados por Estados Unidos para trasladar a migrantes fuera de su territorio
Expertos en derechos humanos de Naciones Unidas denunciaron este lunes que Estados Unidos ha establecido un esquema de externalización migratoria con al menos 35 países, mediante el cual alrededor de 23.000 personas han sido expulsadas hacia terceros Estados.
Veintitrés relatores y expertos de la ONU advirtieron, en un comunicado conjunto, que esta práctica expone a miles de migrantes al riesgo de sufrir tortura, persecución y otras violaciones de derechos humanos. El documento no precisa durante qué periodo se produjeron las expulsiones.
Los expertos cuestionaron los acuerdos suscritos entre Washington y distintos gobiernos para recibir a migrantes y refugiados expulsados de Estados Unidos. Según señalaron, estos convenios pueden vulnerar el principio de no devolución, que prohíbe trasladar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución, tortura u otros daños graves.
Además, criticaron la falta de transparencia de estos acuerdos, al considerar que dificulta la supervisión democrática y el monitoreo independiente de las condiciones en las que son trasladadas y recibidas las personas deportadas.
Entre los países que, según los expertos de la ONU, forman parte de este esquema figuran Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Paraguay.
Los firmantes, encabezados por el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Gehad Madi, pidieron a los gobiernos involucrados suspender estos acuerdos y garantizar nuevamente el acceso a procedimientos de asilo que sean justos y efectivos.
Los expertos también señalaron que algunos convenios contemplan una recepción temporal de los migrantes para posteriormente trasladarlos a otro país.
En determinadas situaciones, según la denuncia, los migrantes pueden enfrentar presiones o amenazas para aceptar regresar a sus países de origen, incluso cuando ese retorno pueda representar riesgos para su seguridad o protección.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump ha impulsado acuerdos con terceros países como parte de su política para aumentar y acelerar las deportaciones, una de las promesas de su campaña electoral.
La disputa también ha llegado a los tribunales estadounidenses. El Gobierno de Trump solicitó la semana pasada a la Corte Suprema autorización para continuar enviando migrantes a terceros países distintos de aquellos de los que son nacionales.
La petición se produjo después de que el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito mantuviera vigente una decisión de un juez federal de Boston que bloqueó las deportaciones rápidas hacia terceros países.
El debate judicial y las denuncias de los expertos de la ONU ponen nuevamente bajo escrutinio los acuerdos utilizados por Estados Unidos para trasladar a migrantes fuera de su territorio y las garantías de protección aplicables durante esos procesos.