Doral, la ciudad con más venezolanos en EE. UU., firma acuerdo con el ICE para detener inmigrantes

El Ayuntamiento de Doral votó unánimemente para aprobar un acuerdo con el Gobierno federal que autoriza a las fuerzas del orden locales a realizar funciones que normalmente corresponden a las autoridades de inmigración.
El controvertido programa del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas permite que agentes de Policía sean designados para llevar a cabo ciertas actividades de control migratorio, como interrogar, detener y procesar a personas sospechosas de estar en el país sin documentos, así como para “cumplir y ejecutar órdenes de arresto por violaciones migratorias”, según un comunicado del gobernador de Florida, Ron DeSantis, publicado en febrero.
En la reunión del consejo del miércoles, los funcionarios municipales declararon que, según la ley estatal, estaban obligados a inscribirse en el programa de ICE.
Aprobar esto es doloroso para todos. Todos somos inmigrantes. Yo soy inmigrante. Todos aquí tenemos familias que provienen de diferentes lugares donde, en este momento, hay un gran sufrimiento”, declaró el fiscal municipal Lorenzo Cobiella en la reunión.
Según datos oficiales, más del 70% de sus habitantes son nacidos en el extranjero y, de ese porcentaje, más de un tercio proviene de Venezuela. La ciudad, incorporada al condado de Miami-Dade en 2003, cuenta con más de 81.000 habitantes y se ubica a unos 19 kilómetros del centro de Miami.
En los últimos años, Doral se transformó en un símbolo del exilio caribeño. No por nada se la conoce popularmente como "Doralzuela", un apodo que refleja su identidad.
Allí se alzan negocios, escuelas y centros culturales profundamente ligados a la cultura venezolana. Incluso se inauguró en 2012 una estatua del Libertador Simón Bolívar, erigida por la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio.
El mes pasado, los miembros del Ayuntamiento de Fort Myers votaron en contra de la colaboración con ICE. Sin embargo, posteriormente se retractaron y aprobaron la medida después de que el fiscal general de Florida les enviara una carta advirtiendoles que estaban infringiendo la ley estatal al rechazar el programa y amenazando con que el gobernador podría destituirlos.
Hasta la fecha, más de 130 agencias del orden público de Florida han sido aprobadas para participar en el nuevo modelo de grupo de trabajo, y más de 30 agencias más están pendientes.