Detienen a siete venezolanos y tres colombianos por planear robo con homicidio en Chile
Las autoridades chilenas lograron desarticular una presunta organización criminal integrada por ciudadanos venezolanos y colombianos que, según las investigaciones, preparaba un robo con homicidio en la comuna de San Clemente, en la región del Maule.
El operativo culminó con la detención de diez personas, siete de nacionalidad venezolana y tres colombianos, quienes fueron sorprendidos en una vivienda que utilizaban como centro de operaciones. De acuerdo con la Fiscalía, los implicados permanecían en situación migratoria irregular y enfrentan cargos relacionados con tenencia ilegal de armas y receptación de vehículos robados.
La investigación estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales Antisecuestros de la Policía de Investigaciones (PDI), con apoyo de unidades regionales. Los funcionarios allanaron una casa de seguridad arrendada por los sospechosos, donde encontraron evidencias que apuntaban a la planificación de un delito de alta gravedad.
Según informó el fiscal Francisco Soto Toro, los detenidos contaban con armas de fuego, vehículos y una estructura logística diseñada para ejecutar un golpe criminal de gran magnitud. Las pesquisas revelaron que el grupo había viajado desde la Región Metropolitana hasta el Maule con el propósito de concretar el plan.
Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue el hallazgo de documentos donde aparecían detallados horarios, movimientos y otros aspectos de la operación. De acuerdo con las autoridades, el ataque estaba programado para ejecutarse el pasado martes 9 de junio a las 6:00 de la tarde.
La intervención policial fue posible gracias a una denuncia anónima que alertó sobre actividades sospechosas en el inmueble. Esta información permitió a los organismos de seguridad actuar antes de que el plan fuera ejecutado.
Tras ser presentados ante los tribunales, los ocho hombres y las dos mujeres detenidas recibieron la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones. El tribunal fijó un plazo de cuatro meses para el desarrollo del proceso judicial y la recopilación de nuevas evidencias.
Las autoridades chilenas mantienen abiertas las averiguaciones para determinar si los implicados guardan relación con otros hechos delictivos ocurridos en distintas regiones del país y establecer el alcance real de la organización criminal desmantelada
