Denuncias de espionaje y presunta infiltración electoral sacuden a la inteligencia colombiana
El escándalo que envuelve a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)</strong) durante el gobierno de Gustavo Petro se agiganta. Investigaciones de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y la revista SEMANA han destapado presuntas operaciones de espionaje a expresidentes y planes para interferir en las elecciones presidenciales de 2026, acciones que trascienden lo meramente administrativo y apuntan a una grave violación de la democracia.
El 12 de noviembre, SEMANA reveló que la DNI había infiltrado campañas presidenciales a través de una operación denominada "Grecia", cuyo objetivo era obtener información sobre estrategias, reuniones y movimientos de los candidatos. Esta agencia, que debe garantizar la seguridad nacional, se encuentra ahora en el centro de un torbellino político por su presunto uso para vigilar a adversarios políticos.
Los documentos filtrados mencionan a Gustavo Lozano y Ricardo Rosanía, funcionarios de la DNI, junto a tres ciudadanos españoles: Manuel Grau, Xavier Vendrell y Ramón Devesa González. También se menciona a Andrés Gamero, presunto reclutador de jóvenes para las campañas, que habrían sido utilizados para obtener información para la inteligencia estatal. La campaña de Paloma Valencia habría sido una de las afectadas, mientras que la de Abelardo de la Espriella logró evitar la infiltración.
Si se confirman estas acciones, estaríamos ante un uso inaceptable de recursos estatales para manipular el proceso electoral. La inteligencia colombiana no tiene como función espiar a quienes buscan gobernar el país.
El escándalo se amplía con una nueva revelación: el 9 de abril de 2026, René Guarín Cortés, entonces director de la DNI, solicitó a la Registraduría Nacional del Estado Civil información detallada sobre los ciudadanos habilitados para votar. Guarín, exguerrillero del M-19, fue designado por Petro y su trayectoria está marcada por controversias, incluyendo su vinculación con los hechos del Palacio de Justicia en 1985.
La solicitud de Guarín incluía datos personales de electores que permitirían identificarlos y conocer sus puestos de votación. Aunque la DNI justificó la petición bajo argumentos de seguridad nacional, la Registraduría la rechazó por falta de sustento legal. La exregistradora Juan Carlos Galindo y Alejandra Barrios, de la Misión de Observación Electoral, expresaron preocupación por el potencial uso indebido de esa información.
La gravedad de la situación se intensifica con la aparición de Carlos Andrés Oyola Tovar, funcionario de la DNI, señalado como parte de una red de hackers que buscaba atacar los sistemas de la Registraduría. Aunque no se ha demostrado una conexión directa entre estos ataques y la DNI, la carta de Guarín es un documento concreto que revela la intención de la agencia de obtener datos sensibles.
Además, el caso de Ramón Devesa González conecta las denuncias de espionaje en Colombia con antecedentes similares en Ecuador. En 2022, el asesinado legislador ecuatoriano Fernando Villavicencio lo acusó de ciberinteligencia y campañas de desprestigio. La presencia de Devesa en ambos casos plantea serias preguntas sobre su papel y las conexiones entre los entornos de Petro y Correa.
Las investigaciones han abierto múltiples frentes, desde la infiltración de campañas hasta el uso de tecnología para seguir a periodistas. La pregunta clave es quién autorizó tales operaciones y qué papel jugó la Presidencia en todo esto. La Fiscalía tiene la responsabilidad de investigar a fondo y determinar las responsabilidades de los funcionarios involucrados.
La negativa de la Registraduría a entregar el censo electoral evitó que la DNI obtuviera información por la vía solicitada, pero aún queda por esclarecer qué motivó dicha solicitud y si hubo intentos posteriores para conseguir esos datos.
Colombia exige respuestas sobre el uso de su inteligencia estatal. Si se comprueba que funcionarios intentaron infiltrarse en campañas o interferir en las elecciones, no estaremos ante un simple escándalo político, sino ante un abuso de poder que merece ser sancionado.
