De la Espriella presenta el “Libro de la verdad”, con 82 casos de corrupción de Petro

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este miércoles el denominado “Libro de la Verdad”, un documento que recopila 82 presuntos casos de corrupción e irregularidades administrativas detectados durante el proceso de empalme entre el gobierno saliente de Gustavo Petro y la nueva administración.

Durante la entrega del informe a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y a otros organismos de control, De la Espriella aseguró que el objetivo es esclarecer el destino de los recursos públicos y determinar responsabilidades.

El país quiere saber qué pasó, dónde fueron a parar los recursos, quiénes participaron, quiénes se beneficiaron y quiénes permitieron que ocurriera todo este desastre”, afirmó el mandatario colombiano.

El documento, compuesto por 135 páginas, reúne presuntas irregularidades relacionadas principalmente con contrataciones, convenios administrativos y decisiones presupuestarias en organismos como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el sistema de salud, empresas estatales y programas sociales.

De la Espriella aclaró que no busca una condena anticipada, sino que los entes judiciales investiguen los hechos señalados. “Le estoy entregando información para que puedan ustedes hallar la verdad de lo que ocurrió”, expresó.

Entre los casos mencionados figura la UNGRD, donde el presidente aseguró que se detectaron movimientos por 856.000 millones de pesos colombianos sin declaración de urgencia manifiesta y la pérdida del rastro de recursos por 1,38 billones de pesos.

Asimismo, señaló presuntas irregularidades en la contratación estatal, al afirmar que existió una nómina paralela con cientos de miles de contratos de prestación de servicios que habría generado un impacto económico en las finanzas públicas.

El informe también incluye señalamientos sobre el Ministerio de Igualdad y Equidad, al que atribuye compromisos presupuestarios por 1,77 billones de pesos sin registros de obligaciones ni pagos, además de cuestionamientos sobre la ejecución de recursos destinados a proyectos de vivienda.

De la Espriella solicitó a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría articular acciones para revisar los casos contenidos en el documento y determinar si existieron responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias.

“No llegamos al Gobierno a encubrir complicidades, a guardar silencio ni a contemporizar con el delito”, afirmó durante la presentación del informe.