Cuba califica de "acto de agresión" las nuevas sanciones de EE. UU. contra entidades y funcionarios

El Gobierno de Cuba calificó este jueves como un "acto de agresión" las sanciones impuestas por el Departamento de Estado de Estados Unidos contra nueve entidades y dos funcionarios de la isla, y acusó a Washington de perseguir "intenciones genocidas" encaminadas a provocar una crisis humanitaria.

"Cada acto de agresión del Gobierno de EE. UU., como las medidas anunciadas este 23 de julio por el Secretario de Estado, demuestra que el objetivo es imponer un castigo colectivo contra todo el pueblo cubano", afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, en redes sociales. Según el canciller, la administración estadounidense sigue negando la existencia de un cerco económico contra Cuba, aunque "le resulta cada vez más difícil esconder sus intenciones genocidas y el ánimo de provocar una crisis humanitaria".

La nueva ronda de sanciones incluye, entre otras, entidades vinculadas al sistema cubano de misiones médicas en el exterior, a las que Estados Unidos acusa de operar mediante esquemas de trabajo forzoso y retener pagos. Entre las organizaciones señaladas figuran la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos S.A. (CSMC) y la Unidad Central de Cooperación Médica (UCCM), además de la directora de la UCCM, Gretza Sánchez Padrón, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda.

El Gobierno cubano sostuvo que atacar la cooperación médica equivale a vulnerar el derecho humano al acceso a la salud de cientos de miles de personas en distintos países, y defendió la labor internacional de sus brigadas, creadas hace más de seis décadas. Según cifras oficiales citadas por La Habana, las brigadas han desplazado a más de 600.000 profesionales en 165 países a lo largo de su historia; en la actualidad, alrededor de 24.000 trabajadores de la salud cubanos laboran en 56 naciones. La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) indica que entre 2018 y 2020 las exportaciones de servicios profesionales representaron más del 40% del total de las exportaciones de la isla.

La escalada sancionatoria también alcanza entidades del sector energético, como el Centro de Investigaciones del Petróleo (Ceinipet), Empresa de Energía S.A. (Enersa) y Einarbo S.A., según el comunicado oficial del Departamento de Estado. Además, figuran empresas ligadas al conglomerado empresarial militar Gaesa, como la antigua firma conjunta ahora controlada por Ceiba Investments Limited, y procesadores de remesas como ORBIT S.A.

Estas medidas se enmarcan en una política más amplia de la Administración estadounidense, que el 1 de mayo emitió una Orden Ejecutiva que autoriza sanciones contra cualquier persona o entidad que apoye al Gobierno cubano o opere en sectores considerados críticos, como energía, defensa, finanzas y minería. Bajo esa presión, en los últimos meses varios gobiernos de la región entre ellos Honduras, Guatemala, Jamaica, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Guyana y Trinidad y Tobago han suspendido o modificado su cooperación médica con Cuba.

Cuba advirtió que las sanciones no solo dañan su economía, sino que buscan castigar colectivamente a la población y agravar la crisis humanitaria en la isla, postura que promete mantener ante instancias internacionales y foros regionales.