Cuba alcanza cifra récord de 1.339 presos políticos
Cuba cerró agosto con 1.339 presos políticos, la cifra más alta registrada en décadas, de acuerdo con el informe mensual de la organización Prisoners Defenders.
El registro incorporó 19 nuevos casos y retiró siete durante agosto, para un aumento neto de 12 personas frente a julio. En los últimos 12 meses, entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, la organización documentó 281 nuevos presos políticos, el mayor número en un período de un año desde hace tres años, con un promedio superior a 23 casos mensuales.
“Reclamar agua o electricidad puede llevar a la cárcel. Grabar lo que hace un agente violando sus funciones puede llevar a prisión”, afirmó Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, quien denunció que la represión también alcanza a los familiares de los detenidos.
Del total registrado, 155 son mujeres, un máximo histórico en décadas, según la ONG. La lista también incluye a 38 personas detenidas cuando eran menores de edad, de las cuales 14 continúan encarceladas.
Desde las protestas de julio de 2021 hasta finales de agosto de 2026, Prisoners Defenders contabiliza 2.167 personas que han pasado por las cárceles cubanas por motivos políticos, de las cuales 2.020 ingresaron en prisión después de las manifestaciones de 2021.
El informe sostiene que la persecución política en Cuba no se limita al encarcelamiento de los opositores o manifestantes. La organización documenta amenazas, vigilancia, sanciones económicas, separaciones familiares y detenciones que afectan directamente a hijos, padres y otros allegados.
Uno de los casos citados es el de Doraikis Delgado González, detenida el 7 de julio después de transmitir en directo una protesta vecinal en Alamar, La Habana, por los prolongados cortes eléctricos.
Delgado permanece en prisión provisional en la Prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, acusada de “difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires”. La organización denuncia que padece hemofilia y que las autoridades rechazaron modificar su medida cautelar pese a sus necesidades médicas.
La mujer es madre de dos niños de siete y ocho años, quienes quedaron al cuidado de vecinos mientras su padre trabaja para mantener a la familia.
Otro caso corresponde a Sady Reynaldo Companioni, detenida el 28 de agosto en su vivienda de Lawton, La Habana, después de denunciar durante más de dos semanas la falta de agua. Según Prisoners Defenders, cuatro agentes acudieron a su domicilio sin una citación previa y la arrestaron delante de su hija de seis años.
Companioni fue trasladada al centro conocido como El Vivac y quedó en libertad el 2 de septiembre, aunque debe presentarse diariamente ante una unidad policial.
Un menor permanece encarcelado y enfermo
Entre los casos registrados destaca también el de Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 16 años, detenido durante las protestas de marzo en Morón por los apagones.
El adolescente permanece en prisión provisional en el penal de Canaleta, en Ciego de Ávila. Según la organización, en junio se confirmó que contrajo hepatitis mientras estaba encarcelado, pero no fue trasladado a un hospital para recibir atención especializada.
Prisoners Defenders denuncia además que el joven habría sido sancionado y trasladado a un área donde permanece junto a adultos considerados peligrosos, después de un supuesto intento de fuga.
Su familia asegura que las autoridades pretenden imputarle los delitos de “sabotaje” y “evasión”, aunque no ha tenido acceso a la petición fiscal ni a información oficial sobre el proceso.
Denuncian golpizas y falta de atención médica
El informe contabiliza 463 presos políticos con patologías médicas graves y otros 54 presos de conciencia con trastornos graves de salud mental que, según la organización, no reciben tratamiento adecuado.
Entre los casos señalados está el de Ángel Serrano Hernández, condenado a 15 años de prisión por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.
Serrano habría sido esposado y golpeado el 26 de agosto en la prisión de trabajo forzoso La Lima, en Guanabacoa, después de negarse a realizar labores que, según su familia, eran incompatibles con su estado de salud.
La denuncia sostiene que el jefe del penal, identificado como el teniente coronel Parada, lo golpeó y le provocó inflamaciones en distintas partes del cuerpo, además de lesiones en un ojo. Posteriormente, se le habría negado un examen médico.
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria ya había considerado arbitraria su privación de libertad y había solicitado su liberación inmediata.
Condenan a un preso con cáncer
La situación de Carlos Alberto McDonald Ennis también fue destacada por la organización. El 1 de septiembre, un tribunal cubano lo condenó a siete años de prisión, pese a que padece un cáncer maligno en la región maxilofacial que desarrolló durante su encarcelamiento.
Según Prisoners Defenders, McDonald Ennis necesita completar 35 sesiones de radioterapia, pero hasta ahora solo ha recibido cuatro. La sentencia aún no es firme y permanece bajo una fianza de 50.000 pesos mientras se resuelve el proceso.
La condena estaría relacionada con una supuesta vinculación con la organización Cuba Primero, relación que tanto el acusado como la propia agrupación niegan. La ONG sostiene que el tribunal no acreditó actos violentos ni una conducta penal concreta que justificara la pena.
Más de 800 convictos de conciencia
De acuerdo con la metodología de Prisoners Defenders, los 1.339 presos políticos registrados en agosto se distribuyen en 807 convictos de conciencia, 495 condenados de conciencia y 37 casos clasificados como otros presos políticos.
La organización sostiene que estos casos reflejan un patrón represivo que afecta a personas detenidas por protestar, denunciar deficiencias en servicios básicos, expresar opiniones críticas o ejercer actividades consideradas contrarias al Gobierno cubano.
Para Larrondo, las historias individuales muestran una realidad más amplia de las cárceles cubanas, donde, según la ONG, las enfermedades, los malos tratos, las condiciones de reclusión y la falta de atención médica agravan la situación de los detenidos.
El informe de agosto concluye con un llamado de Prisoners Defenders a la comunidad internacional para prestar mayor atención a la situación de los presos políticos y sus familias.
