CPI alerta que sanciones de EE. UU. contra su presidenta "socavan" el Estado de derecho
Ante estas medidas, la Corte aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de conformidad con el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal
La Corte Penal Internacional (CPI) advirtió este martes que las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos contra la presidenta del tribunal, Tomoko Akane, y un funcionario de la Fiscalía "socavan el Estado de derecho" y ponen en riesgo el orden jurídico internacional.
Cuando se amenaza a los actores judiciales por aplicar la ley, lo que se pone en riesgo es el propio orden jurídico internacional", señaló la CPI en una reacción remitida a medios internacionales desde La Haya, luego de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara nuevas medidas contra integrantes del tribunal.
Las sanciones afectan a Akane, jueza japonesa y presidenta de la CPI, y al senegalés Abdoulaye Seye, abogado principal litigante de la Oficina del Fiscal.
Las medidas dirigidas contra jueces, fiscales y miembros del personal que trabajan para cumplir el mandato encomendado a la CPI por los Estados socavan el Estado de derecho", agregó el tribunal.
Estados Unidos incluyó a ambos funcionarios en su lista de sanciones como parte de la presión ejercida por Washington contra la CPI debido a sus investigaciones relacionadas con Israel y Afganistán, recogió Swissinfo.
Ante estas medidas, la Corte aseguró que continuará desempeñando sus funciones "con independencia e imparcialidad" y de conformidad con el Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal.
La Corte no se dejará intimidar y mantiene su firme respaldo a su personal y a las víctimas de atrocidades inimaginables", reiteró la CPI, en una declaración similar a la emitida tras anteriores sanciones contra jueces y fiscales de la institución.
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva que abrió la posibilidad de imponer medidas económicas y restricciones contra personas vinculadas con determinados casos investigados por la CPI.
Washington también cuestiona la investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Afganistán durante las últimas dos décadas, así como las órdenes de arresto emitidas en 2024 contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con la ofensiva militar en Gaza.
Estados Unidos e Israel no forman parte del Estatuto de Roma y rechazan la jurisdicción de la CPI sobre sus ciudadanos. Sin embargo, el tribunal sostiene que puede investigar presuntos crímenes cometidos en el territorio de un Estado parte o en un territorio cuya jurisdicción haya sido reconocida por la Corte, como ocurre en el caso de Palestina.
Creada en 2002 y con sede en La Haya, la CPI es un tribunal independiente encargado de investigar y juzgar a personas por genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de agresión, cuando los tribunales nacionales no pueden o no quieren actuar.