Costa Rica otorga permisos de trabajo a migrantes deportados de EE. UU.
Aunque muchos optaron por regresar voluntariamente a sus países de origen, 25 migrantes permanecen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes y decidieron quedarse en la nación centroamericana, donde ahora podrán moverse libremente y buscar empleo gracias a la extensión de la categoría humanitaria
El gobierno de Costa Rica anunció este martes la extensión de una categoría migratoria humanitaria, que permitirá a un grupo de migrantes de diversas nacionalidades, deportados por Estados Unidos en febrero pasado, mantenerse en el país de forma regularizada durante seis meses. Además, el nuevo permiso les otorga el derecho a trabajar, lo que facilitará su integración económica y social en el país.
El director general de Migración, Omer Badilla, explicó que “se publicó una nueva prórroga a esa categoría humanitaria que le permite a estas personas mantenerse en Costa Rica en un estatus regular, y una de las novedades es que ahora tienen derecho a trabajar, lo cual hará más dinámica su inserción en el país”, recoge El Nacional.
En febrero, Costa Rica recibió dos vuelos con 200 migrantes deportados desde Estados Unidos, como parte de un acuerdo firmado con el gobierno de Donald Trump. Este pacto establecía a Costa Rica como un punto de tránsito para que los migrantes pudieran regresar a sus países de origen o ser reubicados en un tercer país.
Aunque muchos optaron por regresar voluntariamente, 25 migrantes permanecen en el Centro de Atención Temporal para Migrantes (Catem) y decidieron quedarse en Costa Rica, donde ahora podrán moverse libremente y buscar empleo gracias a la extensión de la categoría humanitaria.
A pesar de esta medida, varias organizaciones no gubernamentales han cuestionado la respuesta del gobierno. Según un informe publicado por estas entidades, las autoridades costarricenses habrían violado los derechos humanos de los migrantes al restringir su movimiento fuera del Catem durante dos meses.
El informe también señala que los migrantes no recibieron información en sus idiomas nativos, que no se realizó un análisis individualizado para evaluar sus necesidades de protección internacional y que no se les proporcionó atención integral, incluyendo apoyo psicológico.