Corte Constitucional frena investigación en órgano electoral contra Gustavo Petro
El alto tribunal tendrá cinco días para enviar el expediente contra el presidente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso para que realice la investigación. El CNE es un organismo autónomo, parte de la Organización Electoral, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y que tiene como función principal regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral en Colombia
La Corte Constitucional de Colombia resolvió este jueves que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no es el competente para investigar al presidente Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la financiación de la campaña política que lo llevó a la victoria en 2022.
La Corte Constitucional acaba de reconocer el fuero presidencial al determinar que la única que puede juzgar al presidente Gustavo Petro es la Comisión de Acusaciones", confirmó el ministro del Interior Armando Benedetti en su cuenta de la red social X.
Ahora, el alto tribunal tendrá cinco días para enviar el expediente contra el presidente a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes del Congreso para que realice la investigación.
El CNE es un organismo autónomo, parte de la Organización Electoral, junto con la Registraduría Nacional del Estado Civil y que tiene como función principal regular, inspeccionar, vigilar y controlar toda la actividad electoral en el país.
La investigación contra el presidente comenzó formalmente en octubre de 2024, cuando el CNE abrió un expediente tras recibir múltiples denuncias.
La indagación se centró en supuestos aportes de fuentes prohibidas como los sindicatos Fecode y la USO, así como en gastos no reportados durante los eventos de campaña y el pago a testigos electorales.
Estas irregularidades, según el organismo, habrían representado un posible rebase de los topes de gasto establecidos por la ley electoral colombiana.
Los montos bajo investigación ascienden a aproximadamente 5.355 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos 1,27 millones de dólares.
De ese total, alrededor de 882.000 dólares corresponden a la primera vuelta presidencial y cerca de 381.000 dólares a la segunda.
Estos valores sobrepasan los límites legales de financiación establecidos para cada fase del proceso electoral, generando dudas sobre la transparencia y legalidad del financiamiento.
El caso cobró notoriedad pública el 8 de octubre de 2024, cuando el CNE, con una votación de siete magistrados a favor y dos en contra, decidió avanzar con la investigación.
La ponencia estuvo a cargo del magistrado Álvaro Hernán Prada, miembro del partido opositor Centro Democrático (derecha).
Petro reaccionó enérgicamente, denunciando que se trataba de un intento de desestabilización política y lo calificó como "una forma de golpe de Estado", al considerar que se estaban vulnerando su fuero presidencial y las competencias institucionales.
Previo a esto, el 6 de agosto de 2024, el Consejo de Estado había emitido un concepto determinando que el CNE sí tenía competencia para investigar irregularidades en la financiación de campañas, incluso las presidenciales.
Sin embargo, dejó claro que no podía tomar decisiones de fondo sobre la responsabilidad penal o disciplinaria del presidente, tarea que corresponde exclusivamente a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, en virtud del fuero constitucional que protege a los jefes de Estado.
Ante el avance de la investigación, Petro interpuso un recurso de tutela ante la Corte Constitucional en abril de 2025.
En su recurso, argumentó que se le estaba violando el debido proceso, pues solo el Congreso -y no el CNE- podía adelantar investigaciones de carácter sancionatorio en su contra.
Esta tutela tuvo efecto inmediato y llevó a la suspensión provisional del proceso en el CNE mientras la Corte estudiaba el caso de fondo.