Colorado desafía a Trump con demanda contra cárcel de Hudson
El estado de Colorado busca bloquear la reapertura de una megacárcel para migrantes en Hudson, argumentando violaciones ambientales y preocupaciones comunitarias. La acción judicial se une a un creciente movimiento de oposición.
La batalla legal entre el estado de Colorado y el gobierno de Donald Trump se intensifica. Este martes, el fiscal general Phil Weiser presentó una demanda ante un tribunal federal para detener la apertura de una megainstalación de detención de migrantes en Hudson, una localidad rural a unos 50 kilómetros al noreste de Denver. Esta instalación, que podría albergar a 1,200 personas, ha desatado una ola de preocupación entre los residentes y activistas.
La demanda se dirige contra el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), exigiendo la anulación de un contrato de más de $500 millones adjudicado a la empresa GEO Group, encargada de rehabilitar y operar la antigua cárcel de Hudson, cerrada desde 2013 y ahora rebautizada como Big Horn.
Weiser subrayó que “los habitantes de Colorado están profundamente preocupados por los planes de abrir un nuevo centro de detención de inmigrantes en Hudson para llevar a cabo el plan de deportaciones masivas, inhumano y a menudo ilegal, de la administración Trump”. Este argumento refleja la creciente resistencia a las políticas migratorias del actual gobierno federal.
El núcleo de la demanda sostiene que las autoridades federales han violado la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) al omitir las evaluaciones de impacto ambiental requeridas antes de comprometer fondos públicos. La llegada de 1,200 reclusos no solo alteraría la vida en Hudson, sino que prácticamente duplicaría la población de esta pequeña comunidad, según los informes de planificación municipal.
Además, la reapertura de la cárcel exigiría la construcción de un nuevo pozo, la ampliación de la planta de agua potable y la reestructuración del sistema de aguas residuales, que ya opera por encima de su capacidad. Este tipo de transformaciones no solo afecta a la infraestructura local, sino que también plantea serias interrogantes sobre la sostenibilidad del proyecto.
La acción de Weiser no es un esfuerzo aislado. La semana pasada, la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC) y la organización GreenLatinos presentaron una querella similar, acusando a ICE de ignorar las normativas ambientales federales. Además, los residentes de Hudson y la agrupación Together Colorado mantienen otra demanda activa para exigir el cumplimiento de las normas locales de zonificación.
El panorama se oscurece para la administración Trump en Colorado, donde las voces en contra de la política migratoria se multiplican y se organizan con fuerza. La lucha por los derechos de los migrantes y la protección del medio ambiente se entrelazan en un contexto de creciente tensión social.