Chile exige a Enap aclarar irregularidades en emisiones de su refinería
La tensión entre el gobierno chileno y la Empresa Nacional de Petróleo (Enap) ha escalado tras la revelación de irregularidades en la refinería Aconcagua, ubicada en Valparaíso. Los Ministerios de Hacienda y Energía han exigido a la petrolera estatal una cooperación inmediata en las investigaciones por las emisiones excesivas de azufre que han emergido en los últimos meses.
Las autoridades han calificado de inaceptable la manipulación intencionada de reportes técnicos y las infracciones a las normas de protección ambiental. Ambas carteras han subrayado la obligación corporativa de Enap de respetar la legislación vigente, proporcionar datos precisos y actuar con total transparencia.
Enap ahora enfrenta el reto de esclarecer las irregularidades y identificar a los responsables ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), que ha formulado cuatro cargos contra la planta, de los cuales dos son considerados muy graves. Las denuncias principales apuntan al incumplimiento de la meta del 98 por ciento en la recuperación de dióxido de azufre durante el procesamiento de hidrocarburos.
La investigación ha revelado que la refinería ha sobrepasado sistemáticamente los límites anuales de contaminación, establecidos en mil 145 toneladas. Además, se ha constatado que la planta omitió deliberadamente en sus balances oficiales la quema de gases en antorchas, una de las principales fuentes de emisiones del complejo.
Según los cálculos de la SMA, la refinería liberó mil 277 toneladas al ambiente en 2023 y mil 168 en 2024, cifras que superan con frecuencia los datos reportados a la autoridad. El expediente también incluye faltas por no validar el sistema de monitoreo continuo de emisiones contaminantes y por exceder los niveles de ruido autorizados durante la noche.
Si se comprueban todas las infracciones, Enap podría enfrentar sanciones económicas que ascienden a 19 millones de dólares. La situación plantea un desafío significativo para la estatal, que ahora debe responder ante las autoridades y la opinión pública.
