Caso de activista pro-Hamás en EE. UU. desafía la libertad de expresión
Mahmoud Khalil, detenido por sus protestas pro palestinas, apela al Tribunal Supremo de EE. UU. al considerar que su deportación viola su derecho a la libertad de expresión. La Casa Blanca defiende su actuación como legal y necesaria.
En el crisol de tensiones que marcan el debate sobre la libertad de expresión en Estados Unidos, el activista pro-Hamás Mahmoud Khalil ha llevado su caso al Tribunal Supremo, argumentando que su posible deportación representa una violación de sus derechos. La Casa Blanca, por su parte, sostiene que ha actuado "plenamente dentro de las facultades que le confieren la ley y la Constitución".
Khalil, un palestino de 31 años y residente legal en el país, fue uno de los líderes de las protestas pro palestinas en la Universidad de Columbia en 2024, donde las manifestaciones contra la guerra en Gaza degeneraron en disturbios y agresiones hacia estudiantes judíos. Su activismo se ha convertido en un símbolo de las luchas contemporáneas por los derechos palestinos en el ámbito universitario estadounidense.
Casado con una ciudadana estadounidense, Khalil fue detenido en marzo de 2025 y pasó 104 días en un centro de inmigración en Luisiana. Su liberación fue ordenada por el juez federal de Nueva Jersey, Michael Farbiarz, quien argumentó que su detención podría haber sido inconstitucional, ya que se basaba en su discurso durante las protestas. Sin embargo, la decisión fue revocada en enero de 2026 por el Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, que consideró que el juez no tenía jurisdicción para liberarlo.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha insistido en que el caso de Khalil no es una cuestión de libertad de expresión, sino de apoyo a un grupo terrorista. "No se trata de libertad de expresión", afirmó, señalando que hay personas que "no tienen derecho a estar en Estados Unidos". El Departamento de Seguridad Nacional también ha manifestado que Khalil ha llevado a cabo actividades relacionadas con Hamás, catalogada como organización terrorista por el gobierno estadounidense.
Khalil, en una conferencia virtual, enfatizó que su lucha no solo se centra en su permanencia en el país, sino en el derecho de cualquier persona a defender a los palestinos sin temor a represalias. Acusó al gobierno de Donald Trump de intentar desviar su caso hacia tribunales de inmigración donde pueden controlar el resultado.
La Casa Blanca reafirma su postura, defendiendo que su actuar es parte de la legalidad vigente ante quienes promueven la violencia y el terrorismo. El futuro de Khalil ahora depende de la decisión del Supremo, que podría tardar meses en pronunciarse. Si el tribunal opta por no revisar su caso o reafirma la decisión del tribunal de apelaciones, Khalil podría enfrentar una nueva detención y deportación.