Bukele cambia la Constitución para avalar la cadena perpetua en El Salvador
La modificación al artículo 27 de la Constitución fue avalada con 59 votos del oficialismo y sus aliados, incluidos dos diputados de la oposición, sin discusión previa en el Parlamento. El nuevo texto establece que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, pese a que la Carta Magna salvadoreña prohibía hasta ahora este tipo de condenas al priorizar la rehabilitación de los reclusos
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional impulsada por el presidente Nayib Bukele que habilita la pena de prisión perpetua para delitos graves como homicidio, violación y terrorismo, en medio de fuertes cuestionamientos de organismos internacionales por la política de seguridad del Gobierno.
La modificación al artículo 27 de la Constitución fue avalada con 59 votos del oficialismo y sus aliados, incluidos dos diputados de la oposición, sin discusión previa en el Parlamento. El nuevo texto establece que “la pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, pese a que la Carta Magna salvadoreña prohibía hasta ahora este tipo de condenas al priorizar la rehabilitación de los reclusos.
Bukele defendió la medida en un mensaje previo a la votación, al afirmar: “Vamos a ver quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreven a defender que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión”. El mandatario anunció la iniciativa tras la difusión de un informe elaborado por juristas internacionales que acusa a su administración de presuntos crímenes de lesa humanidad bajo el régimen de excepción vigente desde hace cuatro años.
Durante la sesión legislativa, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, defendió la reforma y arremetió contra organizaciones de derechos humanos que han denunciado abusos en el marco de la política de seguridad. “Lo que estamos haciendo es de carácter irreversible”, aseguró, al tiempo que criticó a estos organismos por, según dijo, favorecer a criminales.
Hasta ahora, la legislación salvadoreña establecía un máximo de 60 años de cumplimiento efectivo de pena, aunque recientemente la Fiscalía informó de condenas simbólicas que superan los mil años de prisión contra pandilleros. La reforma marca un giro en el sistema penal del país, en medio de un clima de confrontación entre el Gobierno y sectores que cuestionan el impacto del régimen de excepción sobre las garantías fundamentales.
Tras la publicación del informe internacional, el Ejecutivo intensificó su defensa en redes sociales. Bukele rechazó las acusaciones y señaló que organizaciones de derechos humanos buscan la liberación masiva de detenidos por vínculos con pandillas, en un nuevo capítulo de la disputa entre el Gobierno y sus críticos.